El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, presentó la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad contra el presupuesto general de la Nación que se ejecuta actualmente, pero que a su juicio, es ilegal por no incluir en él todos los gastos predecibles que el Gobierno debe hacer este año.
De acuerdo con la demanda, el plan de gastos viola el artículo 227 de la Constitución, que establece que éste debe contener la estimación de todos los ingresos que espera recibir en el año, así como la autorización de todas las erogaciones que el Estado estime conveniente.
“La Ley del Presupuesto 2017 viola flagrantemente el art. 227 Cn. irrespetando groseramente los principios constitucionales presupuestarios de universalidad y de unidad y, en consecuencia, la citada ley es inconstitucional”, indica la demanda.
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Y son estos dos principios los que justamente trata de explicar Anaya en sus argumentos. Señala, por ejemplo, que “el principio presupuestario de universalidad exige la previsión, de modo íntegro e independiente, de los ingresos y de los gastos. Además, agrega que este principio exige la presentación económica de las finanzas públicas con total fidelidad a la realidad, a efectos su evaluación y control”.
Y en cuanto al principio de unidad presupuestaria, Anaya explica que cuando exige que “la administración pública consigne en un solo documento todos sus ingresos y gastos y como tal lo someta a la aprobación del Legislativo.
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Según el abogado, al no presentarlo todo en su conjunto, “se dificulta la realización de maniobras, como la simulación de economías o la ocultación de gastos en las cuentas especiales”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indicó en 2016 que el presupuesto de este año tiene un faltante de más de $800 millones, entre ellos un pago de más de $221 millones para el pago de intereses y capital que debe entregar a los cotizantes de las AFP a quienes les presta dinero para pagar pensiones del ISSS e INPEP.
Los subsidios y financiamiento para otros programas sociales tampoco están en el plan de gastos.
El abogado le propone a la Sala que en cuanto admita la demanda, emita una medida cautelar con la que quede sin efecto el presupuesto de este año e inmediatamente se aplique el de 2016. Anaya explica que esto no afectaría las funciones del Estado.
