No es la primera vez que el director de medios y periodista Carlos Fernando Chamorro acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos para denunciar al régimen de Daniel Ortega. La semana anterior volvió a esa instancia para exponer que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática por parte del régimen está pasando una enorme factura a sus ciudadanos en materia de derechos civiles y libertades fundamentales.
Luego de su comparecencia en la CIDH, Chamorro analizó en una entrevista concedida a El Diario de Hoy, la situación política en Nicaragua. Dice que las elecciones municipales que se realizarán en noviembre próximo no constituyen un alivio ni una vía para sacudirse un sistema político basado en componendas entre sector privado y el monopolio político por parte del matrimonio presidencial.
Otro aspecto que destaca el periodista, es que Nicaragua se ha convertido en refugio de exfuncionarios de otros países de la región acusados de actos de corrupción, como es el caso del expresidente Mauricio Funes, que han logrado el cobijo del régimen de Ortega alegando que son “perseguidos políticos”.
¿Por qué Nicaragua debe llamarnos la atención en relación con los derechos fundamentales?
El régimen de Daniel Ortega es un régimen autoritario que tiene un alto grado de concentración del poder y que también ha ejercido represión, captación e intimidación; la prensa independiente que sobrevive en Nicaragua lo hace soportando represalias y acoso, bloqueo total en cuanto al acceso a la información pública y eso es igual en relación con las organizaciones democráticas de la sociedad civil con casos de persecución; sanciones y represalias que tienen un efecto de generar temor y autocensura; no se trata solamente de impedirle a los periodistas cubrir la información pública, sino de generar un tipo de temor y autocensura entre la población.
¿Dos factores clave?
Sí, también se agrega el control de la propiedad de los medios de comunicación, televisión y radio, en estos dos grupos que conforman la familia presidencial y el empresario mexicano Ángel González.
El gobierno firmó un acuerdo con la OEA para superar diferencias.
Eso resulta contradictorio, el acuerdo suscrito por el secretario general, Luis Almagro, con el gobierno de Daniel Ortega, donde hablan de que van hacer mejoras al sistema electoral y se va fortalecer la institucionalidad en Nicaragua, cuando la institucionalidad ha sido más bien demolida. En ese país no hay contrapeso entre los poderes del Estado, no existen poderes del Estado autónomo o independiente porque todos están bajo el control político del Ejecutivo y ahí la Constitución ha sido violada en innumerables ocasiones, se han perpetrado fraudes electorales y en este diálogo entre el gobierno y la OEA parecería estar dirigido a aspectos meramente técnicos de mejoras del sistema electoral y no toma en cuenta cosas como las que se expusieron hoy en esta audiencia que son violaciones a los principios constitucionales que protegen la libertad de información y opinión.
¿Cuán sólido es ese duopolio de medios entre la familia Ortega y el inversionista mexicano González para el control mediático en su país?
Los medios están impedidos de cubrir cosas básicas como conferencias de prensa que brinda la policía, te dicen: “No estás en la lista, no puedes entrar”; es algo que tiene que ver con una política sectaria, pero a pesar de eso, sí hay en Nicaragua periodismo de calidad, periodismo confiable, porque se hace investigación; desde ese punto de vista la calidad del periodismo independiente no ha sufrido, lo que ha sufrido es la penetración y ampliación, porque hay menos medios independientes de los que existían antes.
¿Sobre que base jurídica se ha sentado ese duopolio?
Está sentado sobre la permisividad del Estado, la permisividad del ente regular de las telecomunicaciones, violando la Constitución, pues esta dice que el Estado debe vigilar para que no existan grupos monopólicos y para que no estén los medios sometidos a control de grupos extranjeros. Ángel González es dueño en Nicaragua de más de 10 canales de televisión y 10 radioemisoras a través de testaferros, utilizando figuras legales, que se sabe, pero lo permiten. El duopolio también es una figura de facto, de hecho.
¿Cuál es el reto para los comunicadores en este contexto?
Primero no someterse a la autocensura, dos no someterse a la polarización y mantener la credibilidad de la prensa; es lo único que nos puede salvar frente a las audiencias, no perder los principios éticos profesionales de la labor que realizamos, en la medida de que nosotros podamos mantener la confianza de nuestras audiencias, lectores y televidentes, vamos a poder sobrevivir.
¿Y para la financiación del medio?
Eso es cada vez más difícil por el entorno económico porque también hay que decir que en Nicaragua hay un matrimonio económico entre la gran empresa privada y el gobierno; hay una alianza, es un régimen corporativista y esto también va en detrimento de los medios de comunicación independientes, porque es una alianza a costa de transparencia y de democracia. La empresa privada hasta hoy no ha demostrado ningún compromiso de promover la transparencia pública.
¿Cómo funciona en Nicaragua la adjudicación de la publicidad estatal?
La publicidad estatal no es mayoritaria, representa el 10 por ciento de la publicidad total; entonces la mayor parte de publicidad es privada. Lo que sí está demostrado es que ese 10 por ciento de la publicidad total tiende a concentrarse en los medios privados de la familia presidencial y del señor González, son $16 millones de dólares al año.
¿Usted cree que el resto de países centroamericanos puede estar expuesto a un giro a este modelo nicaragüense?
Costa Rica, no es el caso. Yo lo que advierto tanto en El Salvador, Honduras y Guatemala es que hay un nivel de institucionalidad democrática mucho más fuerte de la que hay en Nicaragua; en mi país ha sido demolida; en El Salvador existe, y la institucionalidad democrática genera contracciones, genera conflictos y en algunos momentos incluso inestabilidad, pero eso tiene que ver con el hecho de que existen reglas de juego que todos los actores políticos deben acatar.
¿Entonces este modelo es propio de los nicaragüenses por ahora?
No es un modelo exportable, a pesar de que hay algunos voceros del sector privado nicaragüense que pretenden que sea adoptado en otros países alegando que este diálogo y esta comunicación que tienen con el gobierno facilita los negocios y las relaciones económicas, eso puede ser cierto, pero eso no puede ser a costa de democracia, de transparencia y a costa de la libertad.
¿Y la sociedad civil de Nicaragua cómo figura en este cuadro?
Ha sido debilitada y dividida, sin embargo existe, con voces independientes y críticas en diferentes ámbitos de la sociedad civil, hay movimientos sociales autónomos también que desafían al poder; el movimiento campesino que se opone por ejemplo a la construcción del Canalera, pero el peso de la sociedad civil se ha debilitado, eso es una realidad.
¿Le queda a Nicaragua algo de herencia de la revolución sandinista?
La revolución empoderó a los ciudadanos. Esos espacios aún existen, aunque están dispersos. Algunos pretenden ser monopolizados por el aparato oficial del Frente Sandinista y otros están en organizaciones de la sociedad civil y en ese sentido de apropiación del nicaragüense de defender sus derechos; eso es algo que no le pueden quitar a la gente.
¿Qué futuro le queda a la oposición democrática en este contexto?
Tenemos elecciones municipales en noviembre de 2017 y la oposición está dividida; un sector de la oposición ilegalizada que cuestiona el sistema político y sostiene que no hay condiciones para realizar elecciones libres en Nicaragua mientras el sistema político esté controlado al igual que el sistema electoral.
Otro sector está solicitando su personería jurídica, posiblemente participará en las elecciones municipales, pero como conjunto está dividida y no representa un contrapeso que ponga en riesgo el dominio político que tiene el comandante Ortega, por el momento no se percibe en Nicaragua un cambio democrático a corto plazo.
¿Usted no ve posible un fenómeno como el de Venezuela que una elección demostró que la oposición es mayoría ante el poder establecido?
Es una buena comparación. En efecto, en Venezuela la oposición logró transformarse en mayoría política; en Nicaragua la oposición no ha demostrado tener la fuerza o la capacidad de hacerlo y a corto plazo no pareciera tener esa capacidad. Hay una gran diferencia también entre los dos países y es que en Venezuela se vive también una crisis económica que produce mucha inestabilidad social e inseguridad. En Nicaragua hay pobreza, hay deterioro de los indicadores sociales, pero existe un clima de estabilidad económica basado en esta alianza entre el gobierno de Ortega y el sector privado.
¿Qué piensa, como un nicaragüense, de que Mauricio Funes se haya asilado en su país mientras se le enjuicia por presunta corrupción en El Salvador?
Nicaragua se está convirtiendo, bajo el control del comandante Daniel Ortega, en un país de refugio para exfuncionarios públicos señalados de corrupción en sus países, como es el caso del expresidente salvadoreño Mauricio Funes y de otros ex funcionarios guatemaltecos; si Mauricio Funes es responsable o no de los casos de corrupción que le señalan, eso lo deben de dirimir las cortes salvadoreñas, pero el alegato que él está en Nicaragua es porque es un perseguido político no pareciera tener ningún fundamento más que un interés del gobierno de Ortega y de Mauricio Funes de evadir la justicia.
???La prensa independiente sobrevive en Nicaragua entre acoso y represalias???
Elperiodista dice que el régimen de Daniel Ortega mantiene un matrimonio económico con el sector privado, y que este último no le pide transparencia ni democracia.
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2017-03-19 10:00:14