“El Tribunal de Ética Gubernamental ha sido en los últimos años una institución que ha estado dormida, no se si de manera consciente o inconsciente en un momento tan importante para nuestro país en el que estamos viendo que ciertas instituciones si se han dado a la tarea de comenzar a trabajar de verdad”, afirmó el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Humberto Sáenz.
Citó como ejemplo el Instituto de Acceso a la Información Pública, Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, y con algunos impasses la Fiscalía General de la República que han mostrado su interés en sumarse a la lucha contra la corrupción gubernamental.
Sin embargo el Tribunal de Ética Gubernamental no aparece por ningún lado, sostuvo que en las últimas reformas que se hizo a la Ley de su creación, la justificación que se dijo es que el Tribunal no contaba con facultades oficiosas y que debía esperar la denuncia ciudadana para activar sus facultades, pero eso quedó en el pasado, dijo Sáenz.
“El Tribunal de Ética Gubernamental debe actuar de oficio, no es ni siquiera la limitación presupuestario porque goza de un presupuesto importante, más de dos millones de dólares que se le asignan año con año para que realice estas actuaciones”, sostuvo.
Las escasa y tímidas actuaciones han sido iniciativas de ciudadanos o grupos de ciudadanos, en las que han tenido “decisiones raras” en las investigaciones, de ahí que “tenemos una institución que se reestructura o mejor que desaparezca porque el país no está en una situación económica de contar con instituciones que no están funcionando con un presupuesto tan alto como el que tiene el TEG”, afirmó.
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“El llamado en momentos que se van a elegir a nuevos miembros del TEG, incluida su presidencia, la Asamblea Legislativa y los ciudadanos para que presionemos se inicie un proceso de segundo grado de elección de funcionarios que se ajuste a las exigencias de la ciudadanía … para responda a los propósitos de su ley orgánica”, afirmó Sáenz.
Ante la poca actividad del TEG, Claudia Umaña, afirmó recientemente que El Tribunal de Ética Gubernamental no se ha sumado al esfuerzo de otras instituciones para luchar contra la corrupción”.
“Somos un país de leyes, pero hay demasiadas leyes que no se aplican. El TEG tiene tan clave su rol y si no se han dado cuenta lo que dice la ley que la crea, porque uno de sus fines es el combate a la corrupción , promover la ética pública, promover la cultura de transparencia y combatir la corrupción”, afirmó el abogado René Mirón, del Centro de Estudios Jurídicos.
Solo han puesto un par de multas pero fuera de esos casos no se ha sabido nada en la suma contra la corrupción.
El TEG tiene facultades de sancionar prohibiciones éticas, velar por que no se incurra en incumplimientos de deberes éticos y sobre todo dar seguimiento a funciones éticas al interior de las instituciones, dijo Mirón.
Los abogados del Centro de Estudios Jurídicos también abordaron el tema del proceso de elección de cinco magistrados, cuatro de la Sala de lo Constitucional en el que se deben analizar perfiles y competencias, así como trayectorias.
Sostuvieron que los postulantes a candidatos deben ser profesionales iguales o mejores que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Deben tener solvencia de independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sin compromisos políticos, dispuestos a poner orden en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo cuando incurran en ilegalidades.
En este proceso las gremiales de abogados propondrán 15 candidatos y el Consejo Nacional de la Judicatura ofrecerán 15 más para que la Asamblea Legislativa deba selecciona a cinco.