A la exprimera Dama, Ana Ligia Mixco de Saca y a su hermano Oscar Edgardo Mixco Sol les congelaron propiedades, cuentas bancarias y vehículos por orden del Juzgado Séptimo de Paz a petición de la Fiscalía General como parte del proceso judicial en contra de ellos dos y otras 15 personas porque habrían lavado 22 millones de dólares desviados de la cuenta institucional de Casa Presidencial en la gestión de Elías Antonio Saca, quien guarda prisión.
El referido tribunal autorizó la inmovilización de un terreno situado en la hacienda Metalío, en Acajutla, Sonsonate; y de una residencia situada en la urbanización San Mateo, en San Salvador. Esas dos inmuebles son propiedad de Mixco de Saca.
Ligia de Saca es procesada en libertad debido a que ella es la única administradora de la sociedad Samix y así no se afectaría el pago de salarios de los 300 empleados de la referida empresa. Es acusada de lavado de dinero y de agrupaciones ilícitas.
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A su hermano y cuñado de Saca, Óscar Edgardo le congelaron un apartamento en el condominio Recreacional San Blas, en La Libertad; y dos lotes situados en hacienda Metalío, en Acajutla, Sonsonate.
A lo anterior se le suma una residencia en la urbanización Lomas de Altamira, en San Salvador, dos cuentas bancarias y tres vehículos que están a nombre del hermano de la exprimera Dama.
A la sociedad publicitaria Anle le han congelado dos inmuebles situados en Arcos de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, en La Libertad.
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La empresa publicitaria Funes y Asociados tiene congelados locales donde supuestamente funcionan sus oficinas situadas en un condominio de oficinas situado en la colonia Escalón.
Además le inmovilizaron un terreno rústico que se encuentra en el cantón San José La Majada, en Juayúa, Sonsonate.
Las propiedades anteriores forman parte de los 55 inmuebles, 44 cuentas bancarias, y 57 vehículos que les han sido congelados a los 17 procesados porque supuestamente se prestaron a lavar 22 millones de dólares de la cuenta institucional de la Presidencia de la República en la gestión de Elías Antonio Saca.
El 22 de febrero pasado, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador denegó las pretensiones de la Fiscalía de embargarles bienes e inmuebles a las 17 personas vinculadas a los supuestos actos de corrupción durante la gestión presidencial de Saca.
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No obstante, ayer se conoció que el referido tribunal autorizó el congelamiento de bienes, inmuebles y cuentas bancarias de los 17 procesados.
Las propiedades inmovilizadas corresponden a ranchos de playa, casas de campo, terrenos rústicos, residencias, condominios y locales comerciales, según la Fiscalía.
El congelamiento de los bienes, cuentas bancarias, y propiedades es para garantizar que el Estado pueda recuperar parte de los 246 millones de dólares que supuestamente desvió el expresidente Saca y otros ocho exfuncionarios con propósitos personales, según fuentes fiscales.
También les han congelado varios locales para oficina en la colonia Escalón de San Salvador y un inmueble en hacienda San Diego. Entre los vehículos inmovilizados figuran automóviles, motocicletas, remolques y autobuses, entre otros.
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Tras la audiencia inicial, 22 de febrero, la jueza Sandra Gutiérrez en su resolución confirmó que la Fiscalía había comprobado con las pruebas presentadas de que las 17 personas procesadas se habían prestado a lavar los 22 millones de dólares.
Aseguró que se había establecido “un hilo conductor entre el expresidente Saca, Pablo Gómez y éstas personas que están siendo procesadas”.
Señaló además que “con toda la documentación presentada por la Fiscalía General se ha acreditado el delito de lavado de dinero… hay indicios de las conductas delictivas de los acusados por haber retirado, transferido y cobrado fondos provenientes de la cuenta institucional del Tesoro Nacional”.
Nueve de los 17 acusados guardan prisión por orden de la jueza. Otro de los procesados, Hernán Antonio Leiva Alemán guarda arresto domiciliar por padecer de una enfermedad terminal y requiere de un tratamiento médico especial.
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Gutiérrez decidió que la exprimera Dama, Mixco de Saca, José Antonio Lemus Saldívar (conocido como Antonio Lemus Simún) y César Daniel Funes Cruz; sean procesados en libertad.
Sin embargo, la juzgadora les impuso una fianza de 250 mil dólares cada uno de los tres, acudir a firmar al Juzgado Séptimo de Instrucción cada 15 días, no salir del país y ni cambiar de domicilio. Fiscalía había pedido 500 mil dólares de fianza para cada uno de ellos.