Hace unos días, Douglas Meléndez, Fiscal General, durante su intervención en un foro organizado por la embajada de Canadá y Naciones Unidas en el país, de nuevo solicitó apoyo, de forma muy franca y clara, para mantener paso firme, inamovible y efectivo en su lucha contra la corrupción. Según el fiscal, la deficitaria asignación de recursos y las presiones ejercidas por poderosos grupos, hacen necesario que su institución cuente con la ayuda y el respaldo de un cuerpo especializado conformado por expertos extranjeros, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta no es la primera vez que Meléndez hace públicas las limitantes y dificultades con las que tiene que desarrollar su trabajo, y pide apoyo para ejecutarlo de forma exitosa. Sin embargo, nadie parece creerle o prestarle atención. Por lo menos nadie que tenga la capacidad de facilitar la ayuda que solicita la Fiscalía.
El fiscal ha demostrado su compromiso con el país y, además, dejado claro que uno de los ejes de su gestión es combatir las redes de corrupción enquistadas en el Estado. Bajo su administración se han judicializado casos sin precedentes, evidenciando un trabajo técnico, objetivo y preciso. Para la mayoría de salvadoreños, la coherencia entre sus posturas y acciones ha resultado refrescante, ya que estamos acostumbrados a funcionarios que dicen una cosa, pero terminan haciendo otra o simplemente dicen y hacen locuras. Meléndez es el único funcionario cuerdo, el único que se diferencia marcadamente de los demás burócratas cuyos disparates más los asemejan a una manada de prófugos de manicomio que han logrado tomarse las instituciones públicas.
El Fiscal se ha ganado a los salvadoreños y, en consecuencia, el público en general está convencido de que sus peticiones de ayuda son sinceras y justificadas, las cuales se perciben de forma muy diferente a las solicitudes de más fondos hechas por funcionarios del ejecutivo. Sin embargo, parece que solo los ciudadanos comunes y corrientes estamos convencidos de que la Fiscalía necesita apoyo y que es necesario darle a Meléndez lo que pide. El oficialismo reiteradamente ha minimizado los problemas externados por el fiscal y negado que existan razones los suficientemente contundentes para establecer un cuerpo similar a la CICIG en El Salvador. La oposición, aunque ha adoptado posturas en favor a la creación de una comisión internacional contra la impunidad en el país, no ha mantenido una presión los suficientemente permanente, robusta y audaz para que el tema avance.
Resulta increíble escuchar a Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, rechazar la implementación de un proyecto como la CICIG en El Salvador bajo el argumento de que la situación no es tan grave como la que motivó en Guatemala la creación de dicho cuerpo. El mismo Fiscal General, máxima autoridad en la persecución del delito en el país, está diciendo lo contrario, que la corrupción solo se puede atacar de forma exitosa si la Fiscalía cuenta con la ayuda de un cuerpo internacional que sirva como escudo para evitar que los grupos de poder contaminen el trabajo investigativo y judicial. Esto es equivalente a negarse a recibir tratamiento para una enfermedad seria aún después de ser diagnosticada por un médico, basándonos en la opinión de un tío loco que opina que los síntomas no son consistentes con la enfermedad.
La única forma en que el Estado dejará de parecer que está siendo manejado por pacientes de manicomio, es que las instituciones sean dirigidas y operadas por personas idóneas, que se nieguen a adherirse a las redes de corrupción, sean inmunes al clientelismo político partidario y se concentren en desarrollar el trabajo de forma técnica. Desarticular las redes de corrupción es la forma más efectiva y eficiente de lograr este objetivo.
*Criminólogo
@cponce_sv