BRASILIA. La Fiscalía brasileña entregó ayer a la Corte Suprema una lista de 83 pedidos de investigación sobre políticos con estatus de aforados que han sido implicados en el escándalo de Petrobras por exdirectivos del grupo Odebrecht, informaron fuentes oficiales.
Portavoces del Supremo indicaron que el número de pedidos no es necesariamente igual a la cantidad de políticos salpicados y que la información sobre el asunto permanecerá bajo secreto judicial, al menos hasta que el juez Luiz Edison Fachin, instructor del caso en la corte, determine su publicación.
Los 83 pedidos de investigación se refieren a políticos amparados por el llamado “foro privilegiado”, que les reserva ser investigados y juzgados por el Supremo, pero a esa solicitud la Fiscalía añadió otra para abrir otras 237 indagaciones en primera instancia, lo que se supone que afecta a personas sin esa prerrogativa legal.
Las solicitudes fueron dirigidas al Supremo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien desde hace más de un mes analiza los testimonios dados por 77 exdirectivos de Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.
Según informaciones obtenidas por la prensa local sobre esas declaraciones, que permanecen bajo estricto secreto procesal, los políticos que se beneficiaron de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras pueden superar el centenar.
Entre ellos figurarían al menos dos de los más cercanos ministros del presidente del país, Michel Temer, a quien el escándalo también pudiera salpicar directa o tangencialmente.
La situación parece más comprometida para el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, una suerte de “mano derecha” de Temer, quien habría negociado con Odebrecht una financiación ilegal para campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio mandatario.
Padilha estuvo de licencia médica durante veinte días debido a una operación para la retirada de la próstata y se reintegró a sus labores este lunes, sin hacer comentarios públicos sobre el asunto.
Entre otros posibles sospechosos estaría, según la prensa local, el nuevo canciller, Aloysio Nunes, quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de José Serra y, como él, pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña, que también estaría en “la lista de Janot”.
Asimismo, la información dada por los exdirectivos de Odebrecht pudiera complicar aún más la situación judicial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ya responde como reo en cinco causas penales, cuatro de ellas asociadas directamente a las corruptelas en Petrobras.
Lula declaró ayer sobre cargos de supuesta “obstrucción a la justicia”, que se apoyan en presuntas maniobras que realizó para tratar de impedir que un exdirectivo de la petrolera estatal firmase un acuerdo de colaboración judicial en el caso de corrupción.
Pero Lula ha negado a rajatabla ese supuesto intento de soborno y lo ha atribuido, al igual que las otras cuatro causas por presunta corrupción asociada al caso Petrobras, a una “persecución política”.
¿Qué viene ahora?
El periódico Folha de Sao Paulo indicó que luego de presentar la lista de nombres ante el juez Fachin, la Procuraduría General relatará los hechos y las personas que deben ser investigadas y señalará los testimonios sobre los que espera que se levante el secreto.
Después indicará cuál es la jurisdicción en la que considera necesario tratar cada caso, pero el Supremo Tribunal Federal tiene la competencia de decidir cada instancia.
Luego Fachin decidirá si cada investigación debe ser abierta o archivada, y si se declina la competencia a otras instancias. El juez no tiene plazo para pronunciarse, aunque hay expectativas de que no tarde demasiado tiempo en analizar el material.
El medio agregó que en los procesos abiertos, los investigadores juntarán las pruebas para saber si hay indicios de la autoría de los crímenes. Y al final de cada investigación los fiscales podrán presentar denuncias o pedir que el caso se archive.-AGENCIAS.