WASHINGTON. Personal de la Casa Blanca ha revelado que en vista del recibimiento positivo del discurso del presidente Donald Trump ante ambas cámaras del Congreso, se ha retrasado la firma de las nuevas medidas migratorias que sustituirían las anuladas por un juez federal.
Pese a que el mandatario habló de la posibilidad de reformas migratorias y de la necesidad de proteger las fronteras, hubo un alto al anuncio de una nueva medida.
“Queremos que la orden ejecutiva tenga su propio momento”, dijo una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato a la cadena CNN.
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Si bien aún no se conoce el contenido de la nueva medida migratoria, algunos puntos de esta ya han sido revelados.
Inicialmente, se conoce que esta excluirá el bloqueo de ingreso a personas con residencia permanente (“Green Card”) y a personas que cuenten con una visa de ingreso. Esto fue uno de los puntos controversiales y uno de los detonantes de las acciones legales que suspendieron la orden original.
Además, ha trascendido que Irak podría salir de la lista de países afectados por la medida, siendo sujetos de esta únicamente Libia, Sudán, Somalia, Yemen, Siria e Irán.
Lo que no ha sido discutido es qué pasará con los refugiados, también afectados por la medida que establece un impedimento general temporal y para ciudadanos sirios, uno indefinido.
Pese a las modificaciones que el gobierno pretende hacer, las organizaciones que presentaron recursos legales han expresado que continuarán su batalla por repeler este tipo de medidas aun si se firma una nueva orden.
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Lee Gelernt, abogado de la Unión para las Libertades Civiles en Estados Unidos de América (ACLU), dijo que “excluir a los residentes permanentes y a quienes tienen visa no cura el problema legal de fondo: que la prohibición fue motivada por discriminación religiosa, lo que fue evidenciado por los repetidos mensajes del presidente pidiendo una prohibición de ingreso para musulmanes”.
Un segundo intento
El 27 de enero, a solo una semana de haber tomado posesión, Trump firmó una orden ejecutiva que impedía la entrada al país de ciudadanos de siete países de Medio Oriente con poblaciones predominantemente musulmanas.
Esta prohibición buscaba, a su juicio, proteger la seguridad de los estadounidenses por medio de bloquear el ingreso al país de posibles terroristas, lo cual fue ampliamente criticado por miembros de su partido y de la oposición demócrata.
El juez federal de Seattle, James Robart, decretó una medida cautelar que suspendió los efectos de la orden ejecutiva y una corte desestimó la apelación del gobierno, por lo que la política migratoria quedó sin efecto.
En lugar de corregir las áreas señaladas por el judicial como ilegales, el gobierno tomó la decisión de presentar una nueva medida, la cual estaba programada para ayer, un día después de la alocución del presidente ante la Cámara de Representantes y el Senado