Marcel Orestes Posada, quien preside el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) desde abril de 2012, busca continuar al frente de esa institución. Él es uno de los 12 abogados que aparecen en la lista de candidatos a presidir la institución que se han inscrito en el proceso de selección que ha iniciado la Asamblea Legislativa.
Pero además de Posada, la abogada Helen Clímaco de Esquivel, suplente del primero en el TEG, busca arrebatarle el puesto. De igual forma lo pretende la exprocuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo.
Néstor Castaneda, quien ya fue miembro del TEG, ahora quiere volver pero como titular de la institución.
Te puede interesar: Funes habría violado la ética y ley al aceptar dinero externo
Aparecen en la lista de aspirantes el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Julio Acosta Baires.
También aspiran a ese puesto los abogados Andrés Amaya, Juan José Zaldaña, Roberto Eduardo Calderón, Demetrio Antonio Turcios Núñez, Sonia Maritza Sales Rivera y Javier Alexander Figueroa.
Asimismo, el contador público, Salomón Rivas Pérez, también se inscribió como aspirante a presidente del TEG.
Al TEG, bajo la batuta de Posada, se le ha señalado que no ha resuelto varias denuncias contra funcionarios estatales y del gobierno central o por decisiones polémicas como el caso del exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, contra el que tenía cuatro denuncias, pero lo exoneró de todas.
Te puede interesar: TEG multa a Bukele por contratar a su hermano
Desde junio de 2015 el TEG recibió la denuncia contra el alcalde capitalino Nayib Bukele por el nombramiento de tres de sus parientes que ocupan cargos en la comuna.
Un primo del alcalde es el secretario municipal; el hermano sigue siendo el director del IMDER; y la cuñada trabaja en la Unidad de Cooperación Externa, pero el TEG solo impuso sanción económica a Bukele de $2,517 alegando que no puede obligarlo a remover al hermano por “vacíos” de ley.
Sigfrido Reyes fue denunciado ante el TEG por la compra de licores y regalos navideños para los 84 diputados, para lo cual destinó $92,437.84. De estos, $13,245 fueron para la compra de licor.
También se denunció a Reyes por la compra de terrenos al Ipsfa a precios por debajo del mercado, por contratar a su socio Byron Larrazábal como asesor en el Congreso y por la compra de obras de artes a un costo de $15 mil. De todos los casos, Reyes fue exonerado por ese tribunal.