Los diputados pidieron al gobierno realizar más ajustes al gasto estatal en rubros como remuneraciones, viajes, publicidad y seguros médicos, entre otros, y ellos a cambio iniciarían también un plan de austeridad en esa misma vía.
La diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, explicó que el recorte de $40.3 millones en remuneraciones le da la razón al partido de que es posible seguir reduciendo el gasto en salarios.
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ARENA ha venido cuestionando duramente que esta partida es una de las que ha engrosado el gasto estatal llevándolo al saldo rojo que presenta actualmente.
De hecho, en el informe que el Ejecutivo les proporcionó a los dirigentes partidarios el miércoles pasado, y que analizaron junto con el presidente Salvador Sánchez Cerén y su gabinete económico, se refleja que las remuneraciones han crecido en un 8 %, lo que equivale al 4.5 % por encima de lo que acordaron fijar como límite en la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada en noviembre de 2016.
Otra área que ocupa buena parte del gasto del gobierno, cifrado en $111.8 millones, sobre el límite establecido en la Ley Fiscal, según el documento que el gobierno dio a conocer el miércoles pasado a los partidos políticos, son las instituciones descentralizadas.
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Entre ellas se cuentan el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Instituto Nacional de los Deportes (Indes), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (Fisdl).
Caso contrario pasa con los hospitales que se ubican en $2.3 millones por debajo del techo que establece la normativa fiscal.
Las empresas públicas no financieras también están con un gasto de $3.7 millones sobre lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En esa categoría el gobierno tiene clasificadas a las alcaldías, a la CEL; a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda); a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB); y a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
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Ante esto, la propuesta del gobierno además de reducir en remuneraciones es bajar el gasto en la compra de vehículos en $4.6 millones; otros $2 millones en servicios básicos; un millón de dólares en arrendamiento de inmuebles; $200 mil en pasajes y viáticos, así como $700 mil en consultorías, estudios e investigaciones, entre otros rubros.
Sin embargo, los diputados valoran que el gobierno puede reducir más en salarios, por ejemplo, el diputado de GANA y presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, es de la idea que todos los funcionarios públicos deben bajarse el sueldo, empezando por los diputados, ministros y presidentes de autónomas.
Los viajes y los seguros médicos privados es otro campo que acapara la atención de los legisladores. Rodolfo Parker, del PDC, opina que los políticos también deben poner su parte en el camino de reducir el gasto y analiza que es posible crear una ley general para que la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia se aprieten el cincho también.
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Para Parker, es posible que la Asamblea disminuya el gasto en $7 millones, un aporte que para él sería importante.
Tanto el gobierno como la Asamblea dicen estar conscientes que es necesario reducir el gasto público, pero cada quien lo quiere hacer a su propio ritmo y manera.
Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA, subraya que al Ejecutivo le compete el mayor grado de sacrificio dado que ocupa el 85 % del total del gasto del presupuesto general, mientras la Asamblea solo representa el 1.5 % y el Órgano Judicial el 6 %. Afirmó que el Ejecutivo usa $4,000 millones del gasto del Estado.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, señala que hay opciones que podrían coadyuvar, como el mejorar la focalización de los subsidios.