El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Andrés Amaya Flores, el principal acusador en el juicio de Mauricio Funes por presunto enriquecimiento ilícito, podría dejar el cargo. La razón: ha sido propuesto para presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
La Asamblea Legislativa tiene 12 candidatos en total y debe elegir antes del 25 de abril próximo.
A principios de febrero pasado, la Asamblea abrió el proceso de elección dado que está por concluir el del actual titular, Marcel Orestes Posada, quien pretende reelegirse.
Amaya Flores tiene más de 15 años de pertenecer a la Fiscalía General, donde se ha desempeñado en distintas unidades de investigación relacionadas al combate de la corrupción gubernamental.
De los más de 15 años que tiene de fungir como fiscal especializado, en los últimos 10 años ha estado al frente de la referida unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público. Esta división fiscal ha investigado en los últimos dos años, sonados casos de supuesta corrupción de exfuncionarios de Gobierno que previamente les fueron enviados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Probidad y la Unidad Anticorrupción son piezas clave en este momento en la renovada lucha contra la corrupción en El Salvador.
Entre los ex altos funcionarios que han sido investigados por Amaya Flores y llevados ante la justicia se encuentran los expresidentes de la República Elías Antonio Saca, quien guarda prisión, y Mauricio Funes, quien corrió a asilarse en Nicaragua.
Funes es enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito en la Cámara Segunda de lo Civil.
La Unidad Anticorrupción dirigida por Amaya Flores acusó a Funes, a su exesposa Vanda Pignato y su hijo Diego Funes, por una supuesto enriquecimiento ilícito de 728,000 dólares durante su período presidencial 2009-2014.
El proceso civil en contra de Funes, su exesposa y su hijo se encuentra estancado en espera de que el exmandatario rinda su declaración desde la embajada de El Salvador en Nicaragua.
La Unidad fiscal Anticorrupción lleva otra investigación penal en contra Funes por cinco delitos relacionados a supuestos actos de corrupción durante su gestión presidencial. Además se le investiga porque en su declaración patrimonial no incluyó 85 armas registradas.
En diciembre pasado, la Unidad Fiscal Anticorrupción que dirige Amaya Flores logró la condena del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, y su esposa Denisse Karina de Flores, por enriquecimiento ilícito de 812,740 dólares.
Otro caso a cargo de la Unidad Anticorrupción es del ex presidente Saca, procesado en la Cámara Primera de lo Civil por un supuesto enriquecimiento ilícito de $3 millones 970 mil cuando fungió como presidente de El Salvador. Mientras que su esposa no ha podido justificar el origen de $589, 608.
Aún está pendiente la fecha de la siguiente audiencia en contra de Saca y de su esposa, quienes además enfrentan un proceso penal por el supuesto desvío de 246 millones de dólares del erario.