Un vehemente llamado a la Fiscalía General formuló el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para que no atropelle derechos ni la buena imagen de abogados y otras personas que ni siquiera han sido encontradas culpables de delito.
El presidente de la gremial de abogados, Humberto Sáenz Marinero, cuestionó específicamente al menos cuatro casos de allanamientos de bufetes y capturas de abogados solo porque son representantes legales de empresas investigadas.
“La Fiscalía General de la República debe actuar con muchísima prudencia institucional” para no dañar la imagen de los profesionales, advirtió el presidente del CEJ en declaraciones para El Diario de Hoy.
El jueves, la Fiscalía y Policía allanaron las oficinas de una empresa en la colonia Escalón en busca de evidencias de presunta evasión fiscal y detuvieron a dos representantes legales, los abogados Rafael Alberto Mendoza y Rodrigo Enrique Rosales, a quienes presentaron públicamente como sospechosos de un delito sin que se hubiera probado debidamente que tuvieran relación con los hechos.
“Entendemos que se deben hacer todas las investigaciones que se deben hacer, aplaudimos que la Fiscalía tenga una actitud valiente, pero en las investigaciones no se deben atropellar los derechos y la buena imagen que tienen los profesionales, ni se puede vulnerar el principio de inocencia”, sentenció Sáenz.
El profesional recordó que en los últimos meses se han registrado al menos tres casos similares, principalmente de allanamientos a despachos jurídicos solo por la mera sospecha de posibles delitos, y a la fecha no se sabe qué ha pasado en esos registros.
“Sin duda a esas firmas o despachos de abogados que fueron allanados, se les ha afectado su imagen. Nosotros no decimos que no hay que investigar, y si hay que investigar una firma de abogados, que se investigue, pero no es necesario montar el espectáculo y aumentar el escarnio público”, dijo.
Pero lo más grave, a juicio del CEJ, es presentar a los medios a los capturados como si fuesen delincuentes probados. “El presentar a estas personas como que se tratara de delincuentes ya comprobados después un proceso judicial, cuando esto no ha sido así, afecta el derecho a que se presuma que son inocentes mientras no haya condena en su contra”, advirtió.
“Se está afectando de primas a primeras la imagen de personas, sin que éstas tengan la oportunidad de defenderse”, subrayó.
Este hecho tiene el agravante de que ambos detenidos no son los propietarios de la empresa, sino que estaban en calidad de abogados prestándole un servicio.
Todo surgió por un “aviso” de Hacienda
Todo derivó, no de una denuncia formal ni de un proceso judicial abierto, sino de un “aviso” que dio la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda contra la empresa, alegando que encontró irregularidades en la declaración de la renta correspondiente al periodo 2012.
Para el presidente del CEJ, la Fiscalía debe profundizar más en los hechos para identificar a presuntos responsables antes de proceder y regirse solo por un aviso de un ministerio.
Su temor crece al pensar que esto mismo le puede pasar a cualquier ciudadano.
“Esto aplica no solo para el gremio de abogados, sino para cualquier ciudadano que sea acusado del cometimiento de un delito, pero en el caso de un abogado en particular, por la naturaleza de los servicios que presta, todavía se debe realizar una investigación más exhaustiva antes de determinar presunta responsabilidad “, afirmó Sáenz.
En este sentido, enfatizó en que los servicios legales que prestan los abogados “no pueden criminalizarse”, porque son funciones que muchas veces implica representar, asesorar y realizar labores notariales que no puede significar estar sumándose algún tipo de delito.
“El CEJ está de acuerdo con que se investigue a las empresas o personas naturales pero que no se asuma, solo por estar asesorando o representando a una persona o compañía, haya responsabilidad directa en algún ilícito”, subrayó.
En este sentido, Sáenz lanza una crítica más dura contra el Ministerio Público: la Fiscalía ha estado manejando la divulgación de sus actividades de una manera en la que no se están midiendo las consecuencias de estas difusiones.
Por su parte, el CEJ hará una exhortación pública sobre estos hechos y gestionará una reunión con los titulares de la Fiscalía para exponerles las preocupaciones de los abogados como gremio y externar su visión sobre el caso.
Sáenz dijo que no han tenido ningún contacto con los abogados detenidos ni saben dónde se encuentran, pero ya están siendo representados por abogados penalistas. “Nos tomó por sorpresa la noticia el jueves y nos hemos limitado a presentar nuestra postura, al tiempo que hemos conversado con varios colegas sobre la preocupación de lo que está sucediendo y se estudia la posibilidad de reunirse con las firmas de abogados del país para emitir una postura definida sobre estas actuaciones”, anticipó.