WASHINGTON. Las órdenes ejecutivas del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre control fronterizo y vigilancia interna pueden agravar la situación ya precaria de cientos de miles de niños centroamericanos que huyeron de la violencia y las penurias en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“La expansión masiva de las medidas de control dispuesta en las órdenes ejecutivas puede promover la detención y la expulsión de niños, especialmente los que no tienen familia ni tutores en Estados Unidos”, dijo a Efe Jeanne Atkinson, directora de la Red de Servicios Católicos Legales de Inmigración.
En 2016, cerca de 100,000 niños salieron de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para emprender el peligroso viaje hasta Estados Unidos, y según las cifras de detenciones de los últimos meses, el número podría superar los 150,000 en 2017.
“Los niños huyen de condiciones que los estadounidenses no podemos ni imaginar”, dijo el nuevo secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ante el Atlantic Council en mayo de 2015, cuando era comandante del Comando Sur.
Según las cifras oficiales, cerca de la mitad de estos niños hacen el viaje solos, muchos guiados por “coyotes” y expuestos a la inseguridad. Las autoridades mexicanas devolvieron a más de 30,000 niños a los países del Triángulo Norte en 2016 y tuvieron que rescatar a cerca de 5,000 migrantes en situaciones peligrosas.
“Si tengo que elegir entre que muera a tiros a la puerta de mi casa en El Salvador o el peligro del viaje, prefiero que corra el riesgo”, dijo a Efe la madre de un adolescente recién llegado a Estados Unidos huyendo de las amenazas de las pandillas.
Las intenciones del gobierno de Trump también afectan a los hijos de los más de 260,000 hondureños y salvadoreños que gozan de protección temporal (TPS), que está vigente hasta principios de 2018 y cuya renovación estará en manos de Sessions y Kelly.
En 2015, el Gobierno de Barack Obama creó el programa de Menores Centroamericanos (CAM) para evitar el riesgo del viaje y “ayudar a los niños vulnerables de América Central que califican como refugiados”, en palabras del entonces secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson.
A través del CAM, padres en situación legal en Estados Unidos han solicitado la entrada de más de 10,000 hijos y sus tutores en situación de peligro en Centroamérica. A finales de 2016, un millar de ellos se habían reunido con sus padres y el servicio de inmigración había entrevistado a más de 6,000 beneficiarios.
El CAM, considerado “una capitulación a la ilegalidad” por el nuevo secretario de Justicia, Jeff Sessions, fue paralizado por la orden ejecutiva sobre refugiados hasta que un juez federal decretó la suspensión del decreto.
Sin embargo, el CAM beneficia solo a una pequeña parte de los afectados. En octubre y noviembre de 2016, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a cerca de 14,000 niños no acompañados y 30,000 miembros de unidades familiares con niños del Triángulo Norte, un aumento del 40 % sobre el mismo período de 2015.
Alrededor del 70 % de los miembros de familias procedentes del Triángulo Norte alegan un temor creíble a regresar a sus países, tras lo cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) venía decretando su libertad provisional a la espera del proceso de asilo.
A finales de enero, los tribunales de inmigración acumulaban casi medio millón de casos, más de la mitad de inmigrantes del Triángulo Norte con órdenes de deportación, que tienen que esperar una media de 500 días para comparecer ante el juez.