La huella del que fuese el asesor político de Mauricio Funes, Joao Santana, quedó marcada en el país a través de la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing, a la cual el gobierno le dio, en 2010 y 2011, $2.8 millones en contratos de publicidad sin licitación y a través de la modalidad de contratación directa.
Santana, recién condenado a ocho años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción en la petrolera estatal de Brasil: Petrobras, fundó la agencia el 7 de julio de 2009, cinco semanas después que Funes asumiera el poder, según la escritura de constitución de la sociedad archivada en el Centro Nacional de Registros (CNR).
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En la constitución de esta sociedad también participó Monica Cunha Moura, esposa de Santana y que también ha sido condenada por las autoridades brasileñas según medios de comunicación del país sudamericano.
Para entregar los contratos a Polistepeque, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de Casa Presidencial ordenó, en octubre de 2009, una “investigación de mercado” para identificar empresas y sociedades que cumplieran con los parámetros establecidos por la Secretaria de Comunicaciones para la adjudicación.
Para ello, indagaron las credenciales de siete empresas del país, las cuales, según la información que se hizo pública en septiembre pasado por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solo se dedicaban al giro de agencias de publicidad y no al de producción de campañas publicitarias, por lo que fueron descartadas.
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También documentos firmados por Olga Patricia Zablah, entonces directora de prensa de Capres; Ricardo Marroquín, jefe de UACI; y Lissette Mirón Cordón, asesora de publicidad de la Secretaría de Comunicaciones, demuestran que para la Presidencia sólo Polistepeque “cumplía con los requerimientos”, por lo que procedía el proceso de contratación directa.
Lo que siguió fue una resolución avalada por el mismo Funes y ocho funcionarios de varios ministerios y autónomas. Así fue como el 19 de noviembre de 2009 emitieron una resolución de contratación directa para la adquisición del “Servicio de Diseño, Producción e Implementación de Campaña a la sociedad que gira bajo la denominación Polistepeque Comunicación y Marketing”.
El gobierno de Funes, incluso, prometió a Polistepeque “honrar un compromiso” con la agencia para hacer llegar a través de los presupuestos de otras instancias adscritas al Órgano Ejecutivo el monto que Polistepeque pedía para manejar toda la publicidad del gobierno. Polistepeque se cotizó en $4 millones en 2010, la Presidencia se lo aceptó sin reparos, e incluso señaló que este monto podría llegar a ser mayor.
Posteriormente, el analista financiero de la UACI de Casa Presidencial, Julio Majano, le aclaró a Polistepeque que para llegar al monto global exigido por la agencia los contratos con el resto de instituciones se harían de manera independiente, y que para la Presidencia la cantidad contratada podrá ascender hasta la suma de $1.4 millones.
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“En ningún momento no nos estamos comprometiendo al pago de la oferta económica global planteada por ustedes, más bien es la individualización por institución de la responsabilidad económica asumida dentro de esta contratación, dejando la posibilidad de contratar hasta por un monto global mayor al ofertado por ustedes”, dice Majano a Ayle Axe de Souza Santana, apoderado de Polistepeque.
En este mismo expediente también se ordenaba, sin hacer un proceso de licitación pública, que 11 instituciones del Ejecutivo realizaran contratación directa de los servicios de publicidad, entre estas el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Secretaría de la Cultura, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) establece que un contrato directo procede cuando el servicio es proporcionado por una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística no permite promover una licitación.
Ese fue el argumento que dio Funes en 2010 para defender los contratos a la empresa de su ex asesor sin pasar por licitación y por la vía directa.
“Hicimos una investigación de mercado y no encontramos, dentro de las agencias de publicidad y productoras existentes en el país, las calidades y la experiencia necesaria para asumir una parte de la propaganda gubernamental o de la publicidad gubernamental”, dijo Funes entonces.
En un primer contrato, de mayo de 2010, la presidencia destinó un montó de $1.4 millones a favor de Polistepeque. En noviembre de ese año, la Presidencia dio una prórroga del contrato hasta agosto de 2011, pero se desconoce si esta prórroga abarcaba también al resto de instituciones del Ejecutivo y si se le terminarán pagando $4 millones.
La información revelada por la Presidencia, por orden de la Sala de lo Constitucional, solo habla de los contratos celebrados por su UACI y, por lo tanto, lo adjudicado asciende hasta los $2.8 millones entre mayo de 2010 y agosto de 2015.
El Registro de Comercio del CNR demuestra que el capital de fundación de Polistepeque fue de $117,000 y que seis meses más tarde sus ventas netas ya sumaban $578,345.
Hay que recordar que, según las investigaciones de las autoridades brasileñas, Santana fue “intermediario” de la constructora Odebrecht para entregar $1.5 millones a las cuentas de campaña de Funes, algo que se enmarcaba en la trama de sobornos de Petrobras y sus contratistas en Brasil y en varios países latinomamericanos.
Recuerdan la ilegalidad
El expresidente de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), Sherman Calvo, consideró que ese hecho dejó un mal precedente en la industria y que, a pesar de las denuncias del sector, no se hizo nada.
“Con esa resolución amañada, sin argumentos valederos ni razones sustentables, se excluyó y menospreció el talento creativo y profesional de la publicidad salvadoreña. Y peor aún, los entes fiscalizadores del Estado permanecieron como si no pasara nada”, agregó Calvo.
El publicista dijo que las dudas sobre todos estos procesos aún se mantienen y que abren el debate de cómo son las licitaciones en el Estado, sobre todo cuando son contrataciones directas y no hay igualdad de participación para todas las empresas.