El oficialismo y sus tradicionales voceros, dentro y fuera del aparato público, constantemente presionan por la aprobación de concesiones en la Asamblea Legislativa, bajo el argumento que lo hacen en el nombre de la seguridad pública. Recientemente, por ejemplo, lanzaron una ofensiva para que el período de vigencia de las medidas “extraordinarias” fuera ampliado. Desde que fueron instauradas, además, han solicitado financiamiento para su ejecución en varias ocasiones, cada vez explotando la mala memoria de la que adolece el país, actuando como que nunca antes hubiesen pedido y se les otorgara dinero para financiarlas, en el entendido que se daba por satisfecha su necesidad de fondos. La historia se ha repetido, con algunas variantes, una y otra vez.
El gobierno ha sangrado las arcas estatales y extorsionado a los salvadoreños reiteradamente en el nombre de la seguridad pública. En algunos casos, utilizando el mismo argumento en múltiples ocasiones, lo cual plantea serias dudas sobre el uso real que se da a los fondos otorgados, las motivaciones y objetivos detrás de cada concesión, y la efectividad y eficiencia de las medidas que se han financiado. Esta práctica se vuelve aún más cínica y oscura cuando se considera que cada vez que el oficialismo ha hecho una petición en el nombre de la seguridad, ésta nunca ha venido acompañada de un componente de fiscalización robusto. Todas las concesiones se han hecho prácticamente confiando en la palabra de los políticos que nos gobiernan. Esto es totalmente absurdo, ya que no existe garantía alguna para la ciudadanía.
Resulta útil emplear una situación de la vida cotidiana para ilustrar qué tan irracional es esta práctica gubernamental que ha imperado en el país por años. Cualquier banco, por ejemplo, nunca le aprobará el préstamo a una persona si ésta no presenta documentación que compruebe su capacidad para hacerle frente a las cuotas mensuales, por más loable y socialmente beneficioso que sea el proyecto que quiere financiar. La institución financiera no confía en la palabra de sus clientes, por más trabajadores y honestos que estas personas sean, y aunque la competencia entre los bancos sea cruenta, siempre se exige una garantía para que el que presta no quede desprotegido y a merced del que recibe el dinero. ¿Qué garantía ofrece el gobierno a los salvadoreños para asegurar que el dinero público rendirá el retorno que se espera? ¿Qué garantías ofrece el oficialismo para que la ciudadanía no dependa exclusivamente de la palabra de los políticos?
La solicitud de ampliar la vigencia de las medidas “extraordinarias” no conlleva un componente de evaluación serio. Los voceros oficialistas citan reducciones en las estadísticas delincuenciales para justificar la extensión del período de ejecución. Sin embargo, aparte de que si se sigue ampliando su vigencia las medidas pierden su carácter de “extraordinarias” y se volverán parches permanentes que ocultarán serias deficiencias en el sistema de justicia penal, ninguna de sus ampliaciones incluye un mecanismo serio y una metodología rigurosa para determinar su impacto real. No se ha incorporado un elemento que obligue a determinar si el comportamiento estadístico de los índices delictuales durante su ejecución es real o artificial, o cuánto es resultado directo de la implementación de medidas concretas.
Sin un componente de evaluación, la efectividad y eficiencia de las políticas públicas no se puede determinar y, por lo tanto, no existe garantía que asegure a la ciudadanía que los recursos se utilizarán de manera óptima, dejándoles como única alternativa confiar en la palabra de los políticos. La evaluación de políticas públicas implica fiscalización, algo a lo que el oficialismo le huye. La evaluación metódica y sistemática de las políticas públicas es un componente ineludible para poner al estado en función de la ciudadanía y evitar que la ciudadanía esté en función del estado. Es necesario presionar por que se dé este cambio.
*Criminólogo.
@cponce_sv