Los abogados Rafael Alberto Mendoza Calderón y Rodrigo Enrique Rosales Espinosa fueron enviados a prisión provisional por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, la noche del martes.
La Fiscalía General acusa a los representantes legales de la empresa Maxiprenda S.A. de C.V., de supuestamente evadir 2.7 millones de dólares.
En su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que por orden judicial serán congeladas las cuentas bancarias de los abogados.
Instrucción con Detención decretó juez 5° de Paz de S.S. contra los dos representantes de Maxiprenda. Además les congeló cuentas bancarias.
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) February 8, 2017
Las investigaciones contra los profesionales iniciaron luego de que la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda alertó al Ministerio Público sobre supuestas irregularidades en la declaración de renta presentada por la empresa, correspondiente a 2012.
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La casa de préstamos a la que los abogados representan presuntamente había conseguido no pagar impuestos de Renta al presentar declaraciones a cero y habría logrado que el Ministerio de Hacienda le devolviera 200 mil dólares, según los fiscales.
Posteriormente, cuando los peritos revisaron la documentación financiera de Maxiprenda S.A. de C.V., detectaron que había evadido impuestos al declarar información falsa al fisco.
Tras la detención de Mendoza Calderón y Rosales Espinosa, unos 40 abogados, entre quienes figuran el exvicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, y el expresidente de la Corte Suprema, José Domingo Méndez, se pronunciaron en contra de las actuaciones de las autoridades.
Las críticas del gremio no van en contra de la investigación de delitos, sino contra el hecho de que los abogados fuera arrestados por el solo hecho de representar a la empresa, aunque no tuvieran que ver en los ilícitos.
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En un pronunciamiento público, los profesionales del Derecho advirtieron que las acusaciones contra Mendoza Calderón y Rosales Espinosa constituyen “una grave amenaza al gremio y a cualquier ciudadano”, porque automáticamente las autoridades pueden capturar a cualquier persona sin haber profundizado la investigación.
“Maxiprenda El Salvador, S.A. de C.V. fue una sociedad cliente de los colegas, y ellos no son accionistas de la sociedad, ni propietarios de la empresa. El único vínculo material entre Maxiprenda El Salvador, S.A. de C.V. y los colegas es una relación profesional cliente-abogado”, señaló el gremio en un comunicado.
Además, pidieron respeto a los principios constitucionales de responsabilidad subjetiva y de presunción de inocencia.