El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los diputados se les termina el tiempo para sugerir y aprobar, respectivamente, reformas a la Ley de Partidos Políticos (LPP) y al Código Electoral (CE). En mayo de 2016 la Asamblea Legislativa prohibió modificar las reglas de los comicios un año antes de su celebración. Las próximas elecciones legislativas y municipales están programadas para el domingo 4 de marzo de 2018. Esto significa que apenas son cuatro sesiones plenarias las que restan antes de iniciar la “veda electoral”.
La práctica internacional sugiere este tipo de restricciones para evitar cambios en la legislación que podrían representar obstáculos o ventajas para algunos de los participantes en la contienda electoral. Por supuesto que esta limitación no aplicará si, durante los doce meses antes del evento, la Sala de lo Constitucional pronuncia una resolución cuyo mandato necesariamente deba incorporarse al ordenamiento jurídico. Lo ideal es que los otros Órganos de Estado respeten, de manera voluntaria, el período en el que las condiciones de la competencia se mantendrán inalterables como garantía para quienes disputan el poder político.
Para controlar el financiamiento político es necesario cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó publicar la lista de donantes, los montos recibidos y, en general, el uso y destino que se hizo de los fondos públicos y privados recibidos. La LPP mantiene el texto de las disposiciones que exigen el consentimiento de quienes aportaron a las campañas para revelar su identidad. Igualmente se requiere la ampliación de las facultades del TSE para que auditen la información y no se limiten únicamente a obtener los estados financieros y a verificar el cumplimiento de formalidades contables. El control de los candidatos y precandidatos partidarios como sujetos obligados a dar cuenta del dinero que perciben durante las campañas es una recomendación adicional.
Por otra parte, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de elección en los partidos políticos, es indispensable regular, legislativamente, la facultad de la militancia de comprobar, con anticipación al día en el que se celebrará la elección interna de candidatos a cargos de elección popular o a puestos de dirección, que se encuentran inscritos en el padrón electoral del respectivo partido. También debe quedar claro que las formas de votar en un proceso de esta clase no admite los mecanismos de “mano alzada” ni el de “aclamación popular” y que el único método aceptado es el que promueve el voto libre, directo, igualitario y secreto.
Uno de los aspectos más importantes es el establecimiento de un marco normativo que faculte al TSE para adoptar las medidas que aseguren un conteo y procesamiento rápido, eficaz y seguro de los votos en las Juntas Receptoras. Los medios tecnológicos empleados en 2015 no permitieron la correcta transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares y las inconsistencias en las actas complicaron el conteo de votos y marcas. En tal sentido, el debate sobre el tipo de escrutinios que regularía el Código Electoral es fundamental. Dado el retraso en la aprobación del presupuesto presentado por el TSE y debido al inexplicable rechazo por parte de la Asamblea legislativa y el Ministerio de Hacienda del monto solicitado, debe tenerse una opción en caso la autoridad electoral no cuente con el dinero suficiente para contratar la tecnología requerida. Puede pensarse, como ya lo han expresado algunos magistrados del organismo electoral, en un conteo de votos enteros en la JRV, mientras que el escrutinio de los votos fraccionados y el de las marcas por los diferentes candidatos a diputados sea por cuenta del TSE, con el uso de un avanzado sistema informático. Esta alternativa requeriría de una adecuación legal en el CE.
Finalmente es obligatorio resolver la manera en la que se integrarán los Organismos Electorales Temporales, revisar el plazo que tendrá el TSE para realizar un sorteo en la circunscripción que corresponda para elegir a los miembros de las JRV si los partidos no envíen las respectivas listas, y las inhabilidades de aquellas personas que tengan una relación formal con los institutos políticos.
El tiempo corre, la incertidumbre crece y la exigencia de elecciones transparentes, equitativas y competidas se mantiene.
*Columnista de El Diario de Hoy