Para el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la presunción de inocencia contemplada en la Constitución de la República genera debate al relacionarla con el derecho al honor e imagen de una persona y la libertad de expresión.
El tanque de pensamiento sostiene que la presunción de inocencia está relacionada con la garantía básica del proceso penal, lo cual implica que la existencia de normas que no permitan al legislador la presunción de culpabilidad contra un acusado.
Además se refiere al tratamiento del imputado mientras es procesado: partir de la idea que una persona es inocente y que no pueden ser tratadas de delincuentes antes de resultar vencidas en un juicio.
Para ello, FUSADES menciona que la Fiscalía debe valorar las pruebas de cargo y descargo, y que el imputado tiene el derecho de no ser presentado de forma pública en condiciones que resulten un atropello para sus derechos fundamentales.
“ A pesar de todo ello, en la realidad, la balanza se inclina a la exposición de los investigados sin que se conozca una base jurídica específica que determine el modo de proceder en estos casos y las condiciones en las que se realiza tal actuación”, establece, y agrega que esto conlleva a la afectación de los derechos del imputado y podría repercutir en independencia e imparcialidad de los juzgadores.
Asimismo, la entidad explica que la investigación de los delitos debe realizarse antes que las personas sean capturadas. Eso no significa que la Policía y la Fiscalía midan sus resultados por el impacto mediático de lo procesos en su inicio, sino por casos apegados a las leyes y el respeto a los derechos fundamentales.
En cuanto a la actividad probatoria en un proceso judicial, FUSADES plantea que la parte acusadora debe ir tras la persecución de un fallo condenatorio, mientras que el juez que conoce el caso tiene la obligación de absolver a la persona ante la falta de pruebas o la duda de culpabilidad.