Hemos visto, en las últimas semanas, noticias relacionadas a la ley que dio vida al Sitramss. Por una parte, se publicó que la Fiscalía General de la República recordó que todo proyecto como este debe ser concesionado a empresas privadas únicamente con el aval de la Asamblea Legislativa, porque así lo manda la Constitución, según el artículo 120.
Con el fin de emitir una sentencia, la Sala de lo Constitucional pidió al presidente Salvador Sánchez Cerén que respondiera cómo y por qué se determinó la segregación de carriles de una vía pública para el uso especial del Sitramss y otras cuestiones relacionadas con este servicio.
Aunque aún no exista una sentencia por parte de la Sala, es alentador que la Corte fortalezca la institucionalidad del país buscando la transparencia, claridad y legalidad en todo proyecto público.
Algunos transportistas, ni lentos ni perezosos, entre los que se encontraban Genaro Ramírez y Juan Pablo Álvarez, aprovecharon la coyuntura para dar su postura.
“Qué bueno que la Sala de lo Constitucional está dando tiempos fatales para que explique la legalidad del Sitramss”, expuso Ramírez, según una publicación de este medio, el 27 de enero de este año.
Y si bien los transportistas tienen todo el derecho a reclamar, moralmente tienen poca o nula autoridad para hacerlo. Las unidades del transporte público en este país son íconos del irrespeto a la ley. Es parte de la responsabilidad de los dirigentes de transporte garantizar que sus empleados, en este caso los motoristas de las unidades, no la transgredan, ni deben colaborar con la impunidad.
Las faltas de tránsito no están a nivel constitucional, pero romperlas, además de ser falta o delito, tiene implicaciones muy patentes en la vida de la ciudadanía. Para muestra, algunos ejemplos:
1. Conducir a excesiva velocidad, poniendo en riesgo la vida o integridad física de los usuarios y de los demás conductores.
2. Saturar las unidades con más usuarios de los que son capaces, lo cual es incómodo e indigno. Incluso permiten que gente vaya colgando de las puertas, sin importar el riesgo que conlleva.
3. Detenerse donde el capricho y demandas de los usuarios exijan, aun cuando explícitamente está prohibido.
4. No respetar los pasos de peatones, las dobles líneas amarillas y los semáforos.
5. Hacer “carreritas” entre las unidades o competir por ganar pasajeros.
6. No llevar los documentos solicitados por la ley.
7. Dejar de pagar y acumular multas. Esto es, en mi opinión, una de las cuestiones más escandalosas, en las que existe alguna complicidad de las autoridades, pues no imponen medidas serias para frenarlo de golpe. Recientemente, en un operativo de la PNC, se descubrió que un chofer de la Ruta 42 no portaba licencia de conducir, ni carnet de autorización para manejar unidades del transporte público de pasajeros avalado por el VMT, además de tener pendiente el pago de 300 esquelas, equivalente a un valor económico de $9,000. ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes?
Fuera del ámbito de la ley de tránsito, hay otras cosas que dejan mucho que desear del transporte público en El Salvador, como el estado de las unidades, la falta de educación en sus conductores y la contaminación ambiental que generan con las emisiones de gases y humo negro que liberan las destartalados microbuses o autobuses escolares de tercera mano.
Tampoco es alentador saber que los transportistas reciben dinero de los contribuyentes y que las cosas no mejoren sustancialmente. Según un documento que encontré en el portal de Gobierno abierto, entre septiembre y diciembre de 2015, se desembolsaron $10,033,942.50 en concepto de subsidio al transporte.
Es una lástima, también, que el Sitramss tenga aspectos poco transparentes y que fuera mal planificado. Y es una pena, porque tiene sus cosas buenas: unidades limpias, seguridad, motoristas uniformados que respetan las señales y manejan responsablemente (esto último se ve cuando los buses salen de su carril exclusivo).
En medio de todo este lío, está claro que no se trata de encontrar quién es el bueno o el malo de la película. Solucionar de fondo el tema del transporte público es uno de los grandes pendientes de nuestras autoridades.
*Periodista.
jaime.oriani@eldiariodehoy.com