En El Salvador, la tierra de los eufemismos, el nombre que se le da a las cosas tiende a significar a menudo lo contrario de lo que se indica. Esto es el caso de las famosas “medidas extraordinarias” con las que el aparato de seguridad estatal pretende hacerle frente al ordinario y común flagelo que es la violencia criminal en el país. Llamarle medidas extraordinarias es un eufemismo, porque extender a través de una prórroga algo que suponía ser extraordinario, lo vuelve en realidad ordinario.
El problema es que nada indica de manera convincente y medible que un año de limitar los derechos de los reos en el sistema penitenciario y suspender varios de los mecanismos que la ley contempla para la protección de los derechos individuales ante el Estado esté logrando un impacto positivo en salvar vidas, rehabilitar pandilleros, crear oportunidades laborales para evitar el reclutamiento de jóvenes en riesgo y reducir la tasa de homicidios y criminalidad. Por supuesto que es puro populismo: una manera de justificar el sangramiento del contribuyente a través del impuesto de la seguridad, o de dar la impresión con total hipocresía electorera de que se está haciendo algo por solventar el problema principal que tiene el ciudadano común salvadoreño: la inseguridad.
La falta de transparencia con relación a las medidas extraordinarias les permite con total impunidad a las autoridades (y ahora con total complicidad de 77 diputados) continuar con la perpetuación de violaciones continuas a los derechos humanos, la erosión del Estado de Derecho mediante la corrosión de instituciones como el debido proceso y en general, la absoluta ausencia de una estrategia de largo plazo para terminar con la violencia estructural.
Sin embargo, 77 diputados validaron que continuemos siendo un país en el que el estado abusa de su fuerza punitiva a diario sin resultados reales. El abuso de esta fuerza punitiva para combatir las pandillas ha demostrado ser tan efectivo como usar una bazooka para combatir zancudos: los daños al Estado de Derecho y al tejido social son mucho mayores que los resultados que en teoría la suspensión de garantías procesales pretende conseguir. Los 77 diputados que apoyaron la continuación de estas medidas representan territorios entre los que se encuentran muchísimos ciudadanos a quienes el endurecimiento de la fuerza punitiva castigará sin merecerlo: ¿acaso estos constituyentes valen menos? ¿Valen menos los constituyentes que se encuentran tras las rejas cuyas vidas se ven directamente afectadas por estas medidas (muchos de los cuales aún esperan juicio, por lo que en teoría les continúa amparando la presunción de inocencia)?
Las medidas extraordinarias se han vuelto ordinarias y pan de cada día porque nos hacen falta diputados extraordinarios, que se atrevan a cuestionar el status quo, que se atrevan a quedar mal con los compañeros de bancada, que se atrevan a poner el dedo en la llaga señalando que continuar haciendo la misma cosa y esperar resultados diferentes es una mala receta cuando de políticas públicas se trata. Para nuestra desgracia, la plenaria del pasado jueves demostró que de esos diputados extraordinarios solo tenemos uno. Gracias, Johnny Wright, por ser ese diputado extraordinario en este tema tan delicado.
*Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg