La reciente detención de dos reconocidos abogados, señalados por la Fiscalía en un caso de evasión de impuestos, ha despertado un debate en relación a la forma en la que las autoridades exhiben públicamente a las personas capturadas en procedimientos policiales y fiscales. Algunos sostienen que es necesario presentar a las personas imputadas ante los medios de comunicación para que otras posibles víctimas se animen a denunciarlos. Otros van más allá y, adoptando una actitud en exceso punitiva, matizan esta posición agregando que de no exhibir a los detenidos se estaría afectando los derechos de sus víctimas. Sin embargo, la forma en que estos últimos plantean sus argumentos, está contaminada de componente emotivo que la despojan de cualquier validez técnica. Los que están al otro lado del debate advierten que, al momento de la detención, la culpabilidad de las personas capturadas aún no ha sido comprobada en los tribunales e invocan el principio jurídico que prevalece en los países democráticos de presunción de inocencia.
Esta última postura es la menos popular en el debate nacional sobre el tema. Es lógico. Los países que atraviesan crisis en seguridad tan graves como la que experimenta El Salvador desde hace años, generalmente adoptan posiciones y actitudes que favorecen medidas extremadamente drásticas (y no necesariamente efectivas) en contra de quienes transgreden las leyes. El enfoque se vuelve más emotivo y menos técnico, ya que orbita alrededor de satisfacer la necesidad de venganza, a toda costa, en lugar de basarse en la objetividad y racionalidad asociado con abordajes eminentemente técnicos.
Ceder ante las emociones dentro del contexto laboral en muy pocas ocasiones conlleva resultados positivos. El viejo y popular refrán “el que se enoja pierde” captura de forma muy precisa las posibles consecuencias de dejarse llevar por las emociones en temas en los que se tiene que mantener temple e imparcialidad. Las emociones colectivas asociadas con temas como la seguridad son las que explotan los más peligrosos políticos y funcionarios, entre ellos los populistas y los que tienen la intención de endurecer sus aparatos de seguridad para mantenerse en el poder indefinidamente.
El caso que inició el debate pone en perspectiva la carga emotiva con la que la mayoría aborda el tema de seguridad. ¿Existía necesidad de exhibir públicamente a estos abogados? La víctima de la presunta evasión de impuestos es el Estado, por lo que el argumento de que mostrar imágenes de las personas detenidas ayudaría a que más víctimas se acercaran a denunciarlos, no opera en este caso. Por lo tanto, el único componente que prevalece de la postura a favor de su exhibición mediática es de carácter emocional, la necesidad de saciar la sed de venganza de una ciudadanía aburrida de vivir bajo el reino de organizaciones criminales. ¿Mostrar imágenes de estos abogados detenidos sirve otra función aparte de someterlos al escarnio público? ¿Ayuda esto a hacer El Salvador más seguro? La respuesta a ambas preguntas es NO.
La posición institucional de Fusades en relación al tema es correcta. Los derechos de las víctimas son igual de importantes que los derechos de los imputados que están siendo procesados y de los delincuentes ya condenados, lo contrario es una postura basada en emociones y no en la objetividad y apego técnico que debe predominar en las decisiones y acciones que toman los funcionarios del sistema de justicia penal. Ceder ante las emociones en temas tan delicados como este, empodera a los malos políticos y burócratas, abriéndoles la puerta para que actúen de forma abusiva y subjetiva en favor de sus propios intereses, en detrimento del beneficio de la ciudadanía.
*Criminólogo
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