Las gremiales y asociaciones que integran el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) están preocupados por las recientes reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RLAIP), pues las consideran una “trampa” que limitan la participación de más candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
También ven una pretensión de que ese ente sea objeto de “control” por parte del gobierno.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), y la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (Funde), que integran el Grupo Promotor, expresan su preocupación por las recientes reformas debido a que hay antecedentes de que el gobierno intentó “manosear” el reglamento y se negó a dar información a los ciudadanos (ver recuadros).
Según Fusades, el 23 de enero de 2017 se aprobaron reformas al RLAIP “las cuales se limitan al proceso de elección de comisionados por parte de los sectores electores”, sostienen en su posición institucional 102 denominada: “Importancia de las reformas al Reglamento LAIP y de la elección de Comisionados del IAIP”.
Dichas reformas al reglamento las realizó la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción con el apoyo del IAIP y el Observatorio de Gobierno Abierto.
“Si bien estas normas aportan mayor certeza a la realización de las asambleas sectoriales, lamentablemente también incluyen algunas limitantes injustificadas que pueden afectar la participación de los sectores, como por ejemplo, la exigencia de que solo puede votar el representante legal (de las gremiales o de las universidades) de forma directa, sin intermediación alguna”, expone Fusades en el documento.
De hecho, recientemente el Ministerio de Economía (Minec) y el Ministerio de Educación (Mined) tuvieron que suspender el proceso de selección de los aspirantes a las dos vacantes que el 23 de febrero dejan los comisionados Jaime Campos y Mauricio Vásquez, precisamente porque hubo poca participación, tanto de las gremiales empresariales como de las universidades y han tenido que hacer una nueva convocatoria.
Pero para Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, esa limitación no cuenta con una base jurídica que la respalde.
“Eso viene a limitar y a obstaculizar el proceso de votación, porque lo que debiera de haber es facilitar. Y no hay razón jurídica alguna por medio de la cual se quiera impedir de que se quiera participar (en la elección); ahí ya vemos una limitante”, manifestó Castro a El Diario de Hoy.
Roberto Burgos, quien representa a la fundación DTJ, añadió otro punto que, a su juicio, se estableció con la reciente modificación al reglamento:“El hecho de incluir la posibilidad de impugnación de las candidaturas a comisionados por parte de cualquier persona que se le ocurra no estar a gusto con el comisionado que ha sido elegido, o pretender que este tenga algún conflicto de interés. Antes lo vetaba el presidente (de la República) y ahora los va a poder vetar cualquier persona”, planteó Burgos.
Afines al gobierno
Pero todo eso, a juicio de Burgos, ha sido fríamente calculado por el gobierno a la hora de hacer las enmiendas.
“Esa clase de reformas son trampas hechas para obstaculizar la participación ciudadana y valerse de un quórum mínimo que pueda organizar las mismas autoridades del Órgano Ejecutivo para poder nombrar en el Instituto a comisionados que se sometan a su voluntad y más afines con el partido en el gobierno”, dijo el representante de DTJ.
Javier Castro, de Fusades, coincidió en la preocupación manifestada por Burgos en cuanto a la regulación del proceso eleccionario de los comisionados del IAIP.
“Me parece que así como está regulada, que está mal regulada, y que se puede prestar a abusos que al final vengan a limitar la participación en las elecciones y se quiera controlar las elecciones, lo cual es preocupante”, externó Castro.
Por su parte el director de Funde, Roberto Rubio, recordó que en el pasado y en el presente gobierno ha habido intentos de bloquear la LAIP y el acceso a la información pública a los ciudadanos que la han requerido.
Por eso no descarta que en proceso de selección de los sustitutos de los comisionados Campos y Vásquez haya alguna trama detrás de la suspensión que decretaron el Mined y el Minec antes de hacer las nuevas convocatorias.
“Las personas y los funcionarios que han andado haciendo cosas a oscuras, que han andado en actos de corrupción, indudablemente que van hacer todo lo posible para limitar tanto el reglamento como ese proceso de selección de los nuevos funcionarios”, señaló Rubio.
Yel presidente de la APES, Serafín Valencia, dijo que estarán a la expectativa de todo el proceso eleccionario de los nuevos comisionados.