El Salvador tiene las peores calificaciones de deuda de la región otorgadas por las tres principales agencias de riesgo estadounidenses: Fitch Ratings, Moody’s Investor y Standard and Poor’s.
La calificación de estas tres compañías colocan a El Salvador en el segmento de deuda “altamente especulativa” que está muy cerca de convertirse en una deuda “extremadamente especulativa o con pocas perspectivas de recuperación.
Eso significa que el país es cada vez menos confiable de pagar su deuda con sus acreedores. La nota es tomada por los inversionistas como una referencia de su buena o mala paga, al igual que ocurre con una persona común cuando solicita crédito en un banco.
Antes de prestarle dinero, el banco analiza su récord crediticio, su nivel de endeudamiento y su liquidez financiera. Si la persona está solvente, el banco le presta a una tasa de interés baja, pero si no es muy confiable, le presta dinero con altas tasas de interés o decide, incluso, no prestarle nada. Lo mismo ocurre a nivel de país.
Pero además de la mala calificación, El Salvador también tiene todas sus notas en perspectiva negativa, es decir, que tiene más probabilidades de que su nota sea aún menor en una próxima revisión, y por tanto de que le sea más difícil obtener crédito.
En la región Panamá es el país que mejor nota tiene, con un grado de inversión bajo, pero que le genera garantía a los inversionistas de que éste es lo suficientemente solvente para pagar su deuda en cualquier momento.
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Las agencias Fitch Ratings y Standard and Poor’s le han dado una proyección de “estable” y solo Moody’s le ha asignado perspectiva negativa.
Costa Rica y Guatemala, por su lado, tienen calificaciones aceptables, pero no cuentan con grado de inversión. Sus notas todavía le dan margen de solicitar préstamos sin que esto le implique un pago tan elevado de tasas de interés.
Honduras y Nicaragua están en la misma categoría que El Salvador, solo que esta vez, están un peldaño arriba que nuestro país. Esas dos naciones eran las más riesgosas hace años, al punto que los organismos internacionales les condonaron deudas luego que no pudieran pagarlas.
En la década de 1990 El Salvador se enorgullecía de contar con una nota crediticia de “grado de inversión” con la que obtenía créditos sin problemas, por su reputación de buena paga, a tasas accesibles.
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Pero, en 2009 se perdió esa categoría cuando la agencia Moody’s bajó a El Salvador desde la nota Baa3 (grado de inversión bajo) a Ba1 (grado de no inversión) que representó el inicio de una baja de calificación que se ha mantenido desde aquella fecha.
En esa oportunidad el ex secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia, minimizó el impacto de la degradación en su calificación, y aseguró que ésta no tendría ningún efecto práctico en la economía nacional.
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¿Los motivos? Una erosión de la liquidez del gobierno debido a la limitación para aumentar sus ingresos, así como una mala gestión de la deuda y la falta de un consenso político para encontrar acuerdos son algunas de las razones por las que las agencias han decidido bajarle la calificación al país cada año.
Solo en 2016 las tres calificadoras le redujeron la nota a El Salvador en cuatro ocasiones distintas, impulsadas por un deterioro fiscal que le ha llevado al punto del “impago”.
Las consecuencias
Tener una mala nota crediticia le está significando al país millones de dólares en costos financieros porque ahora debe pagar mayores tasas de interés. Solo en la colocación de las Letras del Tesoro, una deuda de corto plazo, el país pagaría más de un millón de dólares por año por prestar ese dinero a una tasa mayor de la que pagaba a inicios de 2015.
Según el economista, Claudio de Rosa, el país seguirá pagando más cara su deuda si no resuelve su desorden fiscal.
Por eso funcionarios del gobierno asistieron la semana pasada a una reunión con delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para tratar de encarrilar las finanzas del país y ordenar la gestión de la deuda. El Gobierno ha solicitado un acuerdo precautorio con el FMI que le permitiría tener acceso a financiamiento, pero sería obligado a implementar un programa de ajuste para ordenar sus finanzas públicas.