Mientras la Sala de lo Constitucional ha ordenado al presidente Salvador Sánchez Cerén que explique la forma en que fue concesionado el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (Sitramss), los buseros que están en la directivos del proyecto continúan defendiendo la adjudicación del mismo, señalando que se otorgó con base a la Ley de Tránsito.
Sin embargo, ni el gobierno ni los transportistas dicen si el sistema está acorde a lo que manda la Constitución o solo se ha basado en una ley secundaria, que es lo que la Sala de lo Constitucional está tratando de establecer.
La Carta Magna ordena que las concesiones deben pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Eduardo Villanueva y Miguel Castañeda, quienes ayer estuvieron en una entrevista matutina en un canal de televisión, no mencionaron la Constitución, sino solo una ley secundaria: la Ley de Transporte.
“Con base en los reglamentos y de la Ley de Transporte que está vigente hemos hecho todo nuestro modelaje para poder utilizar el sistema y funcionar”, expresó Villanueva, director vicepresidente de Empresas Unidas.
Alegó que no se puede hablar de ilegalidad porque el proyecto fue aprobado en un marco normativo cuando la Asamblea Legislativa avaló un préstamo que solicitaron para la construcción del carril segregado, la Terminal de Integración y las paradas de buses, el cual fue de 45 millones de dólares.
Sin embargo, la Sala ha pedido a la Asamblea Legislativa que explique la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Transporte Terrestre respecto al 120 de la Constitución referido a las concesiones de obra pública.
“Deberá solicitarse a la Asamblea Legislativa que rinda informe sobre la constitucionalidad de los arts. 41 y 43 LTTSV, en cuanto a que, a criterio del Presidente de la República, en el primero de ellos se habilita la segregación de carriles de la vía pública en las condiciones requeridas por el SITRAMSS, con la sola decisión de una autoridad administrativa del ramo de transporte; y, en el segundo, se autoriza la instauración en la vía pública de terminales con las características especificadas para el uso del SITRAMSS, con el solo aval de una autoridad administrativa también del ramo de Transporte”, dice el fallo.
Con el argumento de que todo lo han hecho bajo la legalidad, Villanueva aseguró que existe “un mal entendido de conceptos” porque ellos cuentan con la concesión de las unidades, las paradas de buses y la Terminal de Integración, no así el carril segregado.“El carril no ha sido concesionado, el carril sigue siendo del Estado; lo que sucede es que el VMT en representación del Gobierno es el regulador, es el que da todos los permisos de operación del transporte público de transporte”, afirmó, Villanueva.
Los permisos de línea
Los transportistas también se refirieron a las recientes resoluciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó al Viceministerio de Transporte y a la Dirección General de Transporte devolver los permisos de línea a más de 60 buseros a quienes se les había suspendido en enero de 2013 por protestar contra el Sitramss.
Sobre ese punto el director presidente de la Unión de empresas Subes – Sipago, Miguel Castañeda, manifestó estar de acuerdo con la resolución.
Castañeda aseguró que la Sala de lo Contencioso resolvió con base a derecho y fueron esos magistrados lo que, con criterio jurídico, decidieron devolver los 67 permisos de líneas que fueron revocados por el VMT.
Este transportista aclaró que como empresas Sitramss no tuvieron nada que ver en el retiro de los permisos a diferentes rutas de buses, sino que “fue una decisión del Viceministerio de Transporte”.
La Sala de lo Contencioso declaró ilegal la resolución de las autoridades del Viceministerio de Transporte de fecha 13 de febrero de 2013, en la que ordenaron el retiro de permisos de línea a numerosos empresarios de buses por no aceptar firmar un contrato para instalar un validador que sirviera para el cobro electrónico del pasaje.
Además, esta instancia judicial resolvió que los ofendidos tiene la opción demandar la autoridad para obtener una indemnización.
Los buseros afectados dijeron que con el retiro de sus permisos dejaron de percibir sus ingresos al no poder prestar el servicio. Los afectados presentarán una demanda ante un Juzgado de lo Civil para que sean indemnizados por las autoridades del Viceministerio de Transporte y de la Dirección General de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.