Cada día vemos a funcionarios y transportistas afines al partido oficial defender el proyecto Sitramss, argumentando que está amparado en la Ley de Transporte, pero estratégicamente obvian mencionar la Constitución.
Es simple: la Carta Magna ordena que la concesión de obras y proyectos de ese tipo debe contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, algo que a todas luces no se hizo.
Esta omisión hiere de muerte el proyecto mismo, que si bien beneficia a los usuarios del servicio, pero está plagado de dudas, cuestionamientos, falta de transparencia, producto de la improvisación y el plagio y el sello de uno de sus padres basado en la imposición más violenta y vulgar: “les guste o no les guste”.
Tanto funcionarios como representantes de la empresa se han limitado a admitir que solo se basaron en una ley secundaria.
Muchos podrán querer justificar en que favorece a una parte de la población, pero el fin no puede justificar los medios. Quizá es un ejemplo extremo, pero yo no puedo sentirme tranquilo recibiendo un dinero si sé que proviene de una acción ilegal.
La Constitución, en su artículo 120, es clara: “En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”.
La misma Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República han señalado que debe observarse ese precepto constitucional para que tuviera validez el proyecto.
La Sala observa que se ha otorgado exclusividad de un carril de una vía pública para el uso del Sitramss y el establecimiento de terminales en bienes de uso público, todo en manos privadas, “sin que medie una concesión legislativa”.
El gobierno se ha limitado a admitir que ambos proyectos contaron nada más con el aval del Viceministerio de Transporte y la Ley de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial, mas nada dicen de la Constitución.
Más allá de lo legal están siempre los perjuicios a la generalidad. Es increíble cómo a diario se atascan hileras de autos en los carriles de los lados, mientras los carriles exclusivos de en medio están subutilizados.
Los autores de este parto no saben lo que es ir a paso de tortuga en la Juan Pablo II y el Bulevar del Ejército o verse en medio de un atasco por vehículos con desperfectos porque ellos —que tanto hablan de ser del “pueblo”— toman el carril segregado libre, mientras el resto de los conductores debe sufrir el calvario de perder tiempo y gastar más combustible.
Un funcionario que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna no puede sentirse tranquilo si ha dejado que esta sea violada. Y no debería sentirse tranquilo tanto por el incumplimiento de un compromiso solemne como porque en un futuro eso podría llevarlo a ser uno más de los inquilinos de Mariona.
*Editor subjefe de El Diario de Hoy.