La Jueza Séptima de Paz finalizó la audiencia en caso Saca a las 12:30 a.m. de la madrugada de este martes y convocó para el miércoles a las 10:00 a.m. ?
Para evitar que se cayera en una detención ilegal por haberse cumplido el plazo de las 72 horas, el juzgado ordenó que las 11 personas acusadas de haber lavado 22 millones de dólares ligados al caso Saca se mantuvieran en detención preventiva.
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Entre ellas se encuentra la exprimera Dama Ana Ligia Mixco de Saca, quien se presentó a la diligencia judicial, donde es procesada por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, para ella no hay detención. A su llegada al centro judicial, la exprimera Dama se limitó a decir que era inocente y que esperaba.
La detención ordenada por la jueza no cayó en gracia entre los abogados defensores, quienes de inmediato pidieron que revocara su decisión por considerarla en contra de los derechos de sus defendidos.
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En la audiencia se acusó a las 17 personas de haber lavado 22 millones de dólares de los 246 millones que le atribuyen al expresidente Saca, de haber sustraído de forma ilegal de las arcas del Estado en su período presidencial.
“No hubo ninguna justificación para recibir ese dinero que eran fondos públicos y ayudaron a legitimar capitales con procedencia ilícita”, dijo una de las fiscales.
En el transcurso de la audiencia, la Fiscalía pidió al juzgado que se embargaran bienes, inmuebles, y cuentas bancarias a los 17 imputados por el daño patrimonial que habían causado al Estado.
También pidieron embargos para las cinco empresas que integran el Grupo Samix, propiedad del expresidente Saca y su esposa, y las tres agencias de publicidad que habrían sido usadas para triangular los 22 millones de dólares y que luego habrían sido transferidos a las empresas de Saca, según la Fiscalía.
Además, pidieron que le imponga una fianza de 500,000 dólares a Ana Ligia de Saca para que pueda gozar de la libertad condicional.
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Critican papel de la Fiscalía en el proceso
El abogado Lisandro Quintanilla, quien defiende a una de las 15 personas a las que la Fiscalía acusa de agrupaciones ilícitas y de haber lavado 22 millones de dólares ligados al expresidente de la República, Antonio Saca, criticó el papel del Ministerio Público en el proceso.
Según él, la Fiscalía habría hecho las acusaciones basada en la información que le entregó la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y no por el resultado de sus investigaciones.
El profesional, quien defiende a Oswaldo Octavio Orantes Marenco, aseguró que los fondos que la Fiscalía asegura que sus clientes, María Emma Suazo, Ángel José Montoya y Sonia Morales recibieron, provenían del presupuesto General de la Nación y era para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), entidad para la que los cuatro trabajaban.
Morales, según la fuente, recibió 5.4 millones en una cuenta mancomunada porque era la jefa de recursos humanos del OIE y el dinero servía para el pago de planillas.
“Todos los fondos que se les están imputando provenían del Presupuesto General de la Nación, otra cosa es que la Fiscalía no tenga mucha información al respecto; los empleados existen y los gastos operativos se dieron. La Fiscalía desconoce cómo opera la OIE y muchas otras cosas”, señaló Quintanilla.
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Otro señalamiento que el abogado hizo a los fiscales es que hay una “contradicción” al pedir a la jueza que a algunos de los imputados se les decrete detención y, bajo los mismo argumentos, ha solicitado que otros, como la ex primera Dama de la República, Ana Ligia de Saca, sean procesados en libertad. Con ello, dijo Quintanila, secundado por sus colegas, se viola el principio de igualdad.
El defensor dio estas declaraciones, la madrugada del martes, al terminar la audiencia inicial en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. La jueza dará la resolución el jueves, a las 10:00 de la mañana.