El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador confirmó el miércoles que la Fiscalía General pudo demostrar que hubo lavado de 22 millones de dólares provenientes de las arcas del Estado durante la gestión presidencial de Elías Antonio Saca, según la resolución de la audiencia inicial.
La decisión de la jueza Sandra Gutiérrez se conoció al dar a conocer la resolución de la audiencia inicial contra 17 personas que se habrían prestado para lavar esa millonaria cantidad de dinero que era parte de los $246 millones que supuestamente fueron desviados de cuentas de Casa Presidencial durante la gestión presidencial de Saca.
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La jueza Gutiérrez dijo que se había podido establecer “un hilo conductor entre el expresidente Saca, Pablo Gómez y éstas personas que están siendo procesadas”.
Agregó que “con toda la documentación presentada por la Fiscalía General se ha acreditado el delito de lavado de dinero… hay indicios de las conductas delictivas de los acusados por haber retirado, transferido y cobrado fondos provenientes de la cuenta institucional del Tesoro Nacional”, argumentó la jueza Gutiérrez, mientras leía el contenido de la resolución de la audiencia inicial contra los 17 acusados, entre ellas la ex primera dama Ana Ligia Mixco de Saca, quien estuvo presente. Otros de los acusados son cinco exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), a quienes les habrían transferido fondos institucionales para luego triangularlos a las cuentas bancarias de Saca y a cinco empresas del grupo Samix.
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La exprimera dama deberá pagar $250 mil de fianza, según fallo del Juzgado Séptimo de Paz. #CasoSaca https://t.co/pMsJ3VJ6RF pic.twitter.com/YFDFuJXQEe
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“La Fiscalía ha señalado movimientos excesivos de dinero de fondos públicos, y éstos depositados a cuentas de personas particulares y jurídicas”, dijo la jueza, quien agregó que también se pudo comprobar “la estratificación de de esos 246 millones de dólares, cuyo destino final eran las cuentas del expresidente Saca y de sus empresas”.
La juzgadora detalló que entre la documentación con la que la Fiscalía ha logrado comprobar la existencia del lavado de dinero se encuentran informes del sistema bancario con las transacciones realizadas por los acusados, los estados de cuentas de las empresas de Saca y de tres agencias de publicidad que según la FGR se prestaron para triangular el dinero.
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Por existir indicios de la participación de las 17 personas acusadas en el lavado de los 22 millones de dólares, según la Fiscalía, la jueza Gutiérrez ratificó la detención preventiva para nueve acusados, para quienes la Dirección de Centros Penales tendrá que definir a qué centro penal serán trasladados.
Quienes estarán detenidos por no menos de seis meses son: Oscar Edgardo Mixco Sol, Rolando Alberto Durán Acevedo, José Antonio Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Angel José Montoya González, Osvaldo Octavio Orantes Marenco, y Milton Romeo Avilés Cruz.
El acusado Hernán Antonio Leiva Alemán estará en arresto domiciliar por padecer de una enfermedad terminal y requiere de un tratamiento médico especial.
La jueza Gutiérrez decidió que la exprimera dama Ana Ligia Mixco de Saca, José Antonio Lemus Saldívar (conocido como Antonio Lemus Simún) y César Daniel Funes Cruz; sean procesados en libertad.
La decisión judicial obedece a que De Saca y su hermano Oscar Edgardo son los responsables de emitir cheques de la sociedad Samix. Como su hermano es uno de los detenidos, entonces, ella queda como la única administradora de la sociedad y así no se afectaría el pago de los salarios de unos 300 empleados.
En los casos de Lemus Saldívar y Funes Cruz es por la avanzada edad de ambos, lo que podría poner en riesgo su salud al estar en una cárcel.
Para ello tendrán que pagar una fianza de 250 mil dólares cada uno, acudir al Juzgado Séptimo de Instrucción cada 15 días, no salir del país y ni cambiar de domicilio.
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No obstante, el jefe de la Unidad de investigación financiera de la Fiscalía Jorge Cortéz sostuvo que pedirán que la fianza otorgada a Mixco de Saca y a las otras dos personas sean revocadas y que se les impongan 500 mil.
La jueza Gutiérrez recordó que las investigaciones en contra de las 17 personas se derivaron de las indagaciones que realizó la Fiscalía con respecto al supuesto desvío de 246 millones de dólares de las arcas del Estado en el período presidencial de Saca.
La jueza también desestimó las pretensiones de la Fiscalía de ordenar embargos de bienes, inmuebles, y cuentas bancarias de las 17 personas procesadas, de las cinco empresas del grupo Samix, tres agencias de publicidad y una oficina contable.
El fiscal Cortéz aseguró que harán uso de los recursos legales para buscar que la decisión de la jueza con respecto a los embargos sea anulada por una Cámara de lo Penal al considerar de que los montos demandados son “justos en virtud de la cantidad millonaria de fondos públicos que han sido desviados de Casa Presidencial”.
Momento de la llegada de exprimera dama Ana Ligia de Saca a Juzgado Séptimo de San Salvador. #casoSaca pic.twitter.com/spLoE1y7jN
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Agregó que incluso la jueza reconoció el daño causado al país. “Lo que ella expresó (jueza) que se habían afectados otras áreas como obligaciones constitucionales del Estado como lo son la educación, la vivienda, etc, etc.”
Miguel Flores Durel , defensor de la exprimera dama Mixco de Saca sostuvo que no se pueden embargar bienes de las empresas porque “vulnera el derecho de propiedad y se solicitaba sin garantizar el derecho de audiencia y de defensa. Como dato adicional la Cámara de lo Civil ya dictó medidas cautelares lo que sucedería entonces es que estaríamos ante una duplicidad de jurisdicción, se generarían un conflicto de competencia”.
El abogado Lisandro Quintanilla calificó la resolución de la juez Gutiérrez de “ridícula” porque demuestra de que “se acabó el derecho de defensa y se acabaron los principios constitucionales de presunción de inocencia”.
Sostuvo que la resolución está basada solo en el requerimiento fiscal, “entonces ¿para qué hicimos audiencia?, dijo Quintanilla. Dijo que interpondrán un recurso de nulidad de la resolución.