El Gobierno pedirá la opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de decidir si apoya la nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentó ayer la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), según reveló ayer la diputada de ARENA, Milena Calderón, tras una reunión de trabajo fiscal con el Gabinete económico, en Casa Presidencial.
De acuerdo con la legisladora, ninguno de los partidos políticos representados en la mesa está cerrado a estudiar la nueva opción de reforma, que plantea medidas totalmente contrarias al sistema mixto que presentó el Ministerio de Hacienda hace un año.
“El gobierno está interesado en conocer la opinión que el FMI tiene sobre el documento que será presentado a la Asamblea Legislativa porque lo que les preocupa es el tema fiscal y a nosotros nos preocupa el tema trabajadores”, dijo.
Por su parte el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, no mencionó al FMI, pero sí aceptó que están abiertos a revisar la nueva propuesta, aunque no quitó el dedo del renglón sobre el tema fiscal.
“En el tema de pensiones lo que está planteado es que vamos a profundizar en el detalle de la propuesta que presentó el sector privado. A nosotros nos interesa ver el ángulo fiscal, creemos nosotros que hay que cautelar el lado fiscal para que no vaya a ser una reforma que nos dificulte de manera fiscal las cosas. Hemos expresado apertura, tanto el gobierno como los demás partidos, para considerar la propuesta y por supuesto que todos tenemos alguna propuesta para complementar”, señaló el funcionario al salir de la reunión.
Pero la intención de consultar al FMI se da dos semana después de que Lorenzana y el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, viajaran a Washington para reunirse con representantes de ese organismo y discutir los avances para un acuerdo precautorio.
Ninguno de los funcionarios ha afirmado que haya otra reunión próxima con el FMI.
Hasta hoy lo que han declarado es que la próxima semana llegará al país un grupo de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que le presentarán al Gobierno las conclusiones de un estudio solicitado por el mismo Ejecutivo y que, preliminarmente, avala un sistema mixto pero con resultados de corto plazo.
Mientras tanto los representantes de la ICP son positivos con la receptividad que tendrá su propuesta. Miguel Ángel Simán, presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), dijo que está optimista de que los diputados aprueben esta propuesta porque, a diferencia de la del Ministerio de Hacienda, ésta tiene representatividad y fundamento técnico, además de considerar otros elementos previsionales más allá del enfoque fiscal. “Este proyecto sí ha sido consultado. El que presentó el Gobierno no fue consultado con nadie”, dijo por su parte Ricardo Soriano, presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), que fue el organismo civil que propuso trabajar una nueva propuesta de pensiones.
“Alivio fiscal”
La propuesta de reforma al sistema previsional que presentó la ICP también significaría un “alivio fiscal relevante” para el Estado.
La nueva propuesta sugiere aumentar a 15 % el porcentaje de cotización y reestructurarlo para crear una Reserva de Pensión Vitalicia (RPV), dentro del mismo fondo de pensiones, que sirva para financiar las pensiones de los afiliados optados y obligados, al agotarse el saldo de su cuenta individual, y las pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia.
El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, destacó que implementando esta propuesta se quitaría al gobierno más de la mitad de la deuda futura del pago de las pensiones del ISSS e INPEP y el gasto anual (y por ende su déficit fiscal), también la reduciría en 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Según los cálculos oficiales del Ministerio de Hacienda, la deuda del ISSS e INPEP ronda los $24,078 millones. Si se aprueba la propuesta de un sistema mixto, el saldo reduce entre 8 y 9 %, hasta los $21,936 millones.
Por otro lado, dijo la ICP, si a los $24,078 millones se les quita el pago de las pensiones de las personas del Decreto 100 (optados) y el de las pensiones mínimas, la deuda es $10,039 millones, o sea 58 .3% menos.
“Esto concluye que la propuesta integral que se les está presentando lleva elementos propiamente de seguridad social y algunos de alivio fiscal. Ciertamente tiene retos y sacrificios, porque requiere el esfuerzo y el aporte de todos, pero a su vez es la que ofrece mayores beneficios a nivel individual y a nivel país”, sostuvo Novellino.
Comparando la propuesta gubernamental y la de la ICP, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, insistió en que las dos tienen objetivos distintos, por lo que es probable que su discusión en el seno de la Asamblea Legislativa, implique debates y diferencias de opinión.
Para el presidente de Fusades, Miguel Simán, “si hay voluntad del gobierno estamos seguros que van a apreciar la oportunidad que les hemos puesto en la mesa. Esta es una gran oportunidad no solamente para los trabajadores sino para el gobierno porque también conlleva a un alivio al problema fiscal que ellos están enfrentando”, dijo Simán.