Aunque en un primer momento se argumentó “razones humanitarias” para no capturar a la exprimera dama Ana Ligia de Saca, a pesar de estar vinculada a un grupo de personas que según la Fiscalía lavó 22 millones de dólares de fondos públicos, las razones son otras.
Lo humanitario habría aplicado en el caso de César Daniel Funes Cruz quien deberá pagar una fianza de $250 mil y Hernán Leiva, que pasará con arresto domiciliar por sufrir una enfermedad terminal.
En el caso de Ana Ligia de Saca, seguirá procesada en libertad por los delitos de lavado de dinero y por agrupaciones ilícitas, para evitar que unos 300 empleados de las cinco empresas del Grupo Samix, puedan quedarse sin recibir sus salarios.
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De Saca y su hermano Óscar Edgardo Mixco Sol, son los responsables de emitir cheques de la sociedad Samix. Su hermano está entre los detenidos, por lo que la exprimera dama es la única administradora de las empresas del expresidente también preso en Mariona por desviar $246 millones.
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El cuñado de Saca habría recibido -según la acusación fiscal- 5,8 millones de dólares a través de la agencia América Publicidad, bajo argumento de servicios publicitarios de los que los investigadores no han encontrado que se hayan realizado.
Infografía: Los acusados de desviar fondos del Estado en el caso Saca
Esas empresas de Saca, entre ellas la Promotora de Comunicaciones, a las que la Fiscalía ha señalado de haber sido parte de una triangulación para sacar dinero de las cuentas de Casa Presidencial (entre 2004 y 2009) y luego transferirlo a cuentas privadas de Antonio Saca.
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La exsecretaria de la Familia debe pagar una fianza de $250,000. La Fiscalía reclama que sean $500,000.
Durante la audiencia inicial, la jueza decretó enviar a prisión provisional a nueve imputados: Óscar Edgardo Mixco Sol, Rolando Alberto Durán Acevedo, José Antonio Lemus Zelaya, Gerardo Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Enma Suazo Canjura, Ángel José Montoya, Oswaldo Octavio Orantes Marenco y Milton Romeo Avilés Cruz.
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