La certificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abre el camino para que la Fiscalía General de la República pueda procesarlo por el posible delito de desobediencia de particulares, explicó el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.
El Tribunal Constitucional le informó esta semana al Ministerio Público que Funes se juramentó como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en 2014 pese a que se lo habían prohibido.
“Esto es desobedecer una orden judicial. La Sala le está diciendo a la Fiscalía que evalúe el caso y le expone los hechos que podrían configurar un delito”, señaló Bertrand Galindo.
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El delito tiene una pena de entre uno y tres años de cárcel, sin menoscabo de otros cargos que le pudieran hacer.
“Será el Ministerio Público que deberá definir la tipificación de este posible delito que está en el Código Penal”, agregó el jurista, recordando que la Fiscalía tiene abierta una investigación penal contra Funes por otros cuatro delitos.
Además, la Cámara Segunda de lo Civil lo enjuicia por presunto enriquecimiento ilícito.
Según la resolución de la Sala, Funes no podía alegar que no conocía sobre la prohibición, surgida a partir de un fallo que suspendía su juramentación y que luego dio paso a la sentencia que impide que los expresidentes, exvicepresidentes y designados a la Presidencia asuman automáticamente como diputados al Parlacen tras finalizar sus periodos.
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“A dicho exfuncionario (Funes) no le estaba permitido ampararse en la falta de notificación formal, para adoptar una conducta de incumplimiento deliberado a la decisión y para aceptar ser juramentado por la diputada Presidenta del Parlamento Centroamericano”, dice la resolución de la Sala divulgada el pasado miércoles.
Bertrand Galindo recordó que Funes, pese a conocer la orden, viajó a Guatemala el 24 de junio de 2014, para ser juramentado como diputado, lo cual significó “negligencia y conocimiento de causa”.
“Con la instrucción de la Sala a la Fiscalía, todo está listo para que el Ministerio Público emita una orden administrativa de detención, aunque como Funes está asilado en Nicaragua no se podría ejecutar de inmediato, pero sí se podría incluir en las otras investigaciones”, agregó Bertrand.
Funes se asiló en Nicaragua el año anterior, en momentos en que la Fiscalía comenzó una serie de allanamientos en sus casas.
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En la resolución, el máximo tribunal recuerda que la prohibición para Funes de juramentarse en el Parlacen se divulgó por sus canales institucionales y por diversos medios noticiosos y “aunque esta forma de comunicación no sustituye la notificación formal a las partes procesales ni la publicación de la sentencia en el Diario Oficial, sí tenía como efecto el deber de abstenerse de ser juramentado como diputado del Parlacen”.
La misma resolución fue notificada a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) , así como a las autoridades del Parlacen, entre ellas su entonces presidenta, Paula Rodríguez, quien fue la encargada de juramentar a Funes.
Por igual delito se acusó al expresidente Flores
Bertrand Galindo también recordó que este es un caso similar al del expresidente Francisco Flores (ya fallecido), quien fue citado a una comisión especial en la Asamblea Legislativa y no acudió, por lo cual fue acusado después por desobediencia de particulares por la Fiscalía General.
“Ya hay un precedente: el ex presidente Flores no desobedeció una orden judicial, sino que un citatorio del Congreso pero por eso fue acusado”, añadió el abogado.