Sala de lo Constitucional: expresidente Funes incumplió orden judicial al asumir en Parlacen

Máximo tribunal dice que el exgobernante sabía que no podía asumir como diputado e incluso así fue a tomar posesión del Parlamento Centroamericano.

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Al juramentarse como diputado de Parlacen, Mauricio Funes podría haber cometido desacato de una orden judicial, según certificación de la CSJ.

/ Foto Por Archivo

Por Mario González

2017-02-22 9:37:00

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema le certificó a la Fiscalía que Mauricio Funes sabía plenamente que tenía prohibido integrarse como diputado al Parlamento Centroamericano y aún así se juramentó como tal en junio de 2014  “en una conducta de incumplimiento deliberado”, por lo cual podría ser procesado penalmente.

Según la resolución emitida por el máximo tribunal, a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy, el exgobernante no puede alegar que no conocía sobre la prohibición, surgida a partir de un fallo que suspendía  y luego una sentencia que impide que expresidentes asuman automáticamente como diputados al Parlacen tras finalizar sus periodos.

“A dicho exfuncionario (Funes) no le estaba permitido ampararse en la falta de notificación formal, para adoptar una conducta de incumplimiento deliberado a la decisión de la cautela y para aceptar ser juramentado por la Diputada Presidenta del Parlamento Centroamericano”, dice el Tribunal Constitucional en una resolución divulgada ayer.

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A juicio de la Sala, prueba de que Funes estaba  sabedor del impedimento es que antes hizo una consulta formal a la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua. “Funes Cartagena presentó una “Solicitud de Opinión Consultiva Ilustrativa” (Expediente 158-06-30-05-2014), con el objeto de “conocer y resolver sobre una medida cautelar de ‘suspensión provisional? aprobada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, con relación a la posibilidad de su incorporación al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)”, dice el Tribunal Constitucional.

“La solicitud antes mencionada, con independencia de su validez jurídica constitucional, es un acto que confirma de manera inequívoca que la información institucional divulgada por esta Sala cumplió plena, inmediata y eficazmente su finalidad comunicativa, en relación con el entonces funcionario Funes Cartagena”, dice la Sala.

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La consulta se hizo con fecha 30 de mayo de 2014, un día después de divulgarse la resolución provisional emitida por la Sala que ordena que los funcionarios salientes del período 2009-2014, entre ellos Funes, deberían abstenerse de ser juramentados y asumir cargos como diputados del PARLACEN, mientras se resolvía en definitiva.

Lo anterior significa que Funes se juramentó pese a una orden judicial y dependerá de la Fiscalía procesarlo por ese motivo, explicó esta semana el magistrado Rodolfo González, miembro de la Sala.

Funes, quien es enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito en un tribunal superior civil, enfrenta una investigación penal por cuatro delitos, según  la Fiscalía General.

El expresidente corrió a asilarse en Nicaragua en septiembre del año pasado después que se le iniciara el juicio por presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía allanara  sus casas en San Salvador.

“Debió abstenerse de ser juramentado”

La Sala cumple con su obligación de informar al Ministerio Público sobre el incidente del Parlacen, a partir de una consulta que le hiciera la Fiscalía poco después de la juramentación.

En la resolución, el máximo tribunal recuerda que la prohibición para Funes se divulgó por sus canales institucionales y por diversos medios noticiosos y “aunque esta forma de comunicación no sustituye la notificación formal a las partes procesales ni la publicación de la sentencia en el Diario Oficial, sí tenía como efecto el deber de abstenerse de ser juramentado como diputado del Parlacen”.

La misma resolución fue notificada a la Asamblea Legislativa y Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, así como a las autoridades del Parlacen, entre ellas su entonces presidenta, Paula Rodríguez.

La certificación a la Fiscalía fue firmada por los magistrados Armando Pineda, Sidney Blanco, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Rodolfo González.