Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que aglutina a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, presentó la semana pasada una propuesta de reforma de pensiones que promete beneficios para los cotizantes y es tajantemente distinta a un sistema mixto planteado por el Gobierno.
La nueva propuesta no contiene mecanismo alguno que permita el traslado de dinero del fondo privado de pensiones a la disposición del Gobierno, tampoco amenaza subir la edad de jubilación. Más bien, propone soluciones para que los cotizantes puedan mejorar el ahorro para su pensión y quienes coticen 25 años, tengan certeza que recibirán su dinero hasta el último día de sus vidas.
La propuesta también plantea reducirle al Gobierno el gasto en pensiones mínimas, que absorben los recursos del Estado de una forma insostenible.
Se espera que esas nuevas ideas aporten soluciones a deficiencias atribuidas al Sistema Público que no se abordaron en su momento (1998), como es el hecho de no haber ampliado la cobertura efectiva del sistema, por lo que las pensiones son bajas, los rendimientos de las inversiones son inciertos y las pensiones no se ajustan a la inflación.
Algo no comentado es el efecto que la privatización tuvo en el financiamiento estatal a programas de vivienda, cuando se trasladaron los aportes al Fondo Nacional para la Vivienda (FNV) a las cotizaciones para pensiones, obligando a esta institución a que se financiase emitiendo bonos para captar dinero de las AFP. Esto elevó el costo financiero los recursos para vivienda social de bajo costo que antes eran tasa cero.
Por otra parte se comenta que un 60% de los cotizantes de menores ingresos, al momento de su jubilación, no reúnen los requisitos para obtener una pensión, lo que les obliga aumentar los años de cotización.
Estas consecuencias económico-financieras tienen también un cuestionamiento ético, ya que a los trabajadores se les ofreció mejores pensiones que las pagadas por el sistema público a sabiendas que eso no era ni cierto, ni posible; y además, que existe una brecha financiera entre lo ahorrado y su rédito y las pensiones estimadas, ya que el jubilado no logra los ahorros necesarios para financiar su pensión, e irónicamente, entre más tiempo de vida para usar la pensión más se agudiza el problema. La esperanza de vida no fue considerada al establecer la cotización, ni tampoco los tiempos de cotización. Aquí está el meollo del problema: con tres cambios sustanciales: el sistema de financiamiento que pasó de primas escalonadas a uno de capitalización; y la administración pasó del sector público a empresas privadas. Y de un sistema de beneficios definidos y tasas o cotizaciones variables a uno de cotización definida y de beneficios no definidos.
Hoy es obligado el ser claros con la población respecto de los beneficios del Sistema de Ahorros para Pensiones y no crear falsas expectativas de pensiones elevadas. Técnicamente deben determinarse las provisiones necesarias para evitar un desequilibrio económico.
Campo de aplicación: edad, sexo, carácter contributivo, obligatorio o voluntario. Desarrollo demográfico: evolución y crecimiento de la población trabajadora sujeta al sistema. En resumen, debe haber un equilibrio financiero entre las obligaciones, pensiones y prestaciones y los recursos disponibles, cotizaciones, fondo de inversión y reservas.
La nueva propuesta es el resultado de más de siete meses de trabajo, consultando a sindicatos, universidades, tanques de pensamiento, empresa privada y otros; con el fin de recoger lo esencial, lo más conveniente para los salvadoreños en el tema previsional como interés público. La nueva propuesta, de seguro, toma en cuenta las deficiencias señaladas y su corrección.
Se tiene que ser totalmente honesto con los cotizantes y no crear falsas expectativas.
* Columnista de El Diario de Hoy.
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