Aunque está en la disposición de abrir el diálogo para reformar el sistema de pensiones, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, advirtió desde ya que el gobierno salvadoreño no puede pagar mayores tasas de interés por el dinero que le presta el fondo de ahorro de los trabajadores.
“Subir la tasa de interés a condiciones de mercado, como lo están planteando, es simplemente un costo fiscal oneroso e insostenible para el Estado”, dijo Lorenzana durante una entrevista televisiva.
El funcionario se refirió a la propuesta que la semana pasada presentó la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) en la que se sugiere cambiar el cálculo de las pensiones y establecer un mecanismo que cubre el riesgo de que los ahorros de los afiliados al actual Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) no sean suficientes para cubrir todos los años que vivan tras su jubilación.
La propuesta de la ICP señala que las bajas tasas de rentabilidad que durante los últimos ocho años han estado devengando los fondos de pensiones, como producto principalmente de la tasa de interés pagada por los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que se adquieren obligatoriamente y cuyo dinero le sirve al Estado para pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema (ISSS e INPEP), “ha producido un efecto negativo en el monto de las pensiones a otorgar y en la suficiencia del saldo para cubrir un beneficio a lo largo de la expectativa de vida del pensionado, que bajo las condiciones actuales de ley, implica que al agotarse el saldo de su cuenta, pasarían a recibir una pensión mínima”.
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Por eso, la ICP propuso incrementar en 2% la tasa de cotización (del 13% al 15%) y luego hacer una redistribución de manera que un 10 % vaya a la cuenta individual de ahorro y un 5% sirva para crear una Reserva de Pensión Vitalicia (RPV) para garantizar la sostenibilidad y continuidad del pago de pensiones.
“Nosotros todavía no tenemos claro la presión fiscal que esto va a generar. Hemos escuchado que puede aliviar la presión fiscal de obligaciones que tiene el gobierno y que pueden ser cubiertas con el fondo de reserva, como por ejemplo, la pensión vitalicia”, dijo el secretario.
Según Lorenzana, el “atractivo” que puede tener para el Estado dejar de pagar las pensiones vitalicias, “lo pierde por la vía de la tasa de interés”.
Y es que, aseguró, si sube la tasa de interés que el Estado paga por los CIP, que en la actualidad ronda el 3 %, también aumentarán los gastos dentro del programa de presupuesto y por ende, quien “va a financiar” las pensiones del 24 % de los afiliados a AFP que cotizan, será “el 100% de la población”.
“¿De dónde van a salir los recursos para pagar esa tasa de interés? Van a salir del presupuesto general de la nación. Y bueno, si sube esa tasa de interés, hay que decir que esa responsabilidad del Estado, quien la va a pagar es el pueblo salvadoreño, de sus impuestos”, aseguró.
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Dispuestos a dialogar
Pese a este enfoque Lorenzana reiteró que el Ejecutivo está en la “disposición y apertura a los entendimientos”; no obstante, también cuestionó “si hay suficiente voluntad para hacer readecuaciones” para crear una propuesta de reforma consensuada.
Para el secretario, si con la advertencia de la ICP de que su propuesta tiene garantía solo con su íntegra aprobación, “se está planteado que eso está escrito en piedra y que no se puede mover, simplemente se ponen las cosas en una situación difícil”, puesto que aprobar una reforma en la Asamblea Legislativa por mayoría simple “sería un gravísimo error”.
También consideró que la propuesta fue elaborada “tratando de recoger aspectos que generan una buena impresión en la gente (…) de ir al encuentro de determinadas expectativas e intereses”.