El acuerdo alcanzado hoy entre la Fiscalía peruana y la empresa brasileña Odebrecht para obtener información y una compensación por las coimas que entregó a funcionarios peruanos abre la puerta a una pronta solución de un caso que puede salpicar a la práctica totalidad de la clase política peruana.
El anuncio de este pacto fue realizado por el Ministerio Público, que indicó que se produjo tras once horas de negociaciones con la empresa bajo el fin último de acortar el tiempo de las indagaciones, tanto en el país como en el exterior, sobre las ramificaciones en Perú del escándalo de corrupción en el que está implicada la compañía brasileña.
En virtud del convenio, Odebrecht entregará a la Fiscalía toda información o documentación que le sea requerida, incluso cuando esta se encuentre en otros países, además de dar en los próximos días 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares), como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso penal.
Según subrayó la Fiscalía, este monto no constituye ni la suma total que la empresa deberá pagar como indemnización al país ni forma parte de la reparación civil que deberá afrontar, cifra que se acordará más adelante, sino que se trata de una “devolución de ganancias ilícitas”.
En virtud del acuerdo, toda información que sea suministrada por la empresa será sometida luego a un procedimiento de corroboración y valoración de su utilidad y trascendencia, con la finalidad de establecerse las medidas que pudiesen corresponder en el acuerdo final.
En una breve nota, la compañía confirmó la existencia de este convenio preliminar con la Fiscalía y reiteró que su interés es fortalecer “su compromiso de cooperación con las investigaciones que se vienen realizando en el país”.
Con este paso se acerca la resolución del caso de corrupción, que cobró mayor fuerza a finales del año pasado cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciara que, según confesó la empresa en un acuerdo similar al alcanzado hoy con Perú, esta pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
Esos años comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), así como a numerosos gobernadores y alcaldes, que cubren todo el espectro político peruano.
También podrá afectar al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien se desempeñó como primer ministro y ministro de Economía en tiempos de Toledo.
Precisamente, García pidió nada más conocerse el pacto de Odebrecht en EE.UU. que se hicieran públicos los nombres de los presuntos sobornados en Perú, al tiempo que se puso a disposición de las instancias legales y parlamentarias.
Toledo, sin embargo, ha evitado hacer comentarios sobre el tema hasta el momento.
Precisamente, el miércoles el Parlamento creó una comisión para investigar el caso Odebrecht, que estará presidida por el parlamentario fujimorista Víctor Albrecht y que tendrá 180 días de plazo para “investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de Gobierno”.
Se espera que los tres expresidentes sean convocados por la comisión para explicar su posible implicación con los sobornos.
Sin embargo, la creación de esta comisión, que discurrirá paralela al proceso judicial, ya despertó críticas entre algunos analistas y periodistas, quienes sostienen que los diputados, al airear públicamente o criticar a los posibles implicados en la trama, podrían torpedear la investigación legal y terminar beneficiando a los que sean acusados.