La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, pidió elecciones anticipadas tras declarar el abandono del cargo por parte del presidente del país, Nicolás Maduro, pese a que el Tribunal Supremo sostiene que la cámara no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.
El acuerdo aprobado por el Parlamento señala que “la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales”.
Según la Constitución venezolana, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato; o “el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
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Ante la falta absoluta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.
La Constitución también establece que el presidente “es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo” y que “está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas”.
La mayoría del Parlamento consideró que el desempeño de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia y le responsabiliza por la “ruptura del orden constitucional”, por violación de derechos humanos y por la “devastación de las bases económicas” del país.
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El abandono de cargo se consideraría por el incumplimiento de las obligaciones por parte del presidente y, entre las razones que expuso la bancada opositora, se afirmó que Maduro no ha cumplido ni hecho cumplir el ordenamiento constitucional.
Una de ellas sería que, según la Cámara, Maduro “ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes” en el país caribeño, “mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral”.
Así, el Parlamento responsabiliza a Maduro del “golpe de Estado” que, a su juicio, “indujo a la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial”, impulsado por la oposición, así como del “diferimiento” de elecciones de gobernadores que debieron celebrarse en 2016.
La utilización de la figura constitucional de abandono de cargo por parte de la AN ha sido cuestionada por algunos partidos opositores y grupos de la sociedad civil, como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que la considera “una interpretación forzada” de la Carta Magna.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró hoy mediante un comunicado que la AN no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.
El Supremo, que en septiembre declaró la nulidad de todos los actos legislativos debido a que la Cámara no había ejecutado una sentencia anterior, ordenó nuevamente a los diputados “abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política'” contra el presidente.
En consonancia con el TSJ, el jefe de la bancada del chavismo en el Parlamento, Héctor Rodríguez, dijo hoy que el abandono de cargo de Maduro es una “barbaridad desde el punto de vista jurídico”, y que ningún venezolano, por muy opositor que sea, “puede plantearse que el presidente no está ejerciendo sus funciones”.
Para Rodríguez, la decisión del Parlamento “es una acción inútil que no va a tener ningún efecto jurídico ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado”.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, declaró ayer 9 de enero de 2017 el abandono de cargo por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y demandó una salida electoral a la crisis venezolana como la forma para que “sea el pueblo el que se exprese a través del voto”. Foto EFE