La falta de aprobación del Presupuesto General ha marcado un precedente importante en el balance de poderes de El Salvador. A pesar de los posibles efectos de dicha acción y del descontento evidente del oficialismo con la misma, esta ejemplifica los pesos y contrapesos presentes en una democracia para controlar cualquier acción extrema y/o excesiva por parte de un Gobierno.
La idea de limitar a los órganos del Estado nace de la Teoría de División de Poderes, acreditada al pensador político francés Barón de Montesquieu. En su obra “El Espíritu de las Leyes” argumenta que, para que un Estado sea libre este debe de estar dividido en tres ramas independientes: ejecutiva, legislativa y judicial. No obstante, “todo estaría perdido si el mismo hombre” o en este caso el mismo grupo de individuos, “ejerciese estos tres poderes”, ya que para Montesquieu, “todo hombre investido de autoridad propende a abusar de ella, no deteniéndose hasta que encuentra límites”. La historia nos ha mostrado que la palabra de una persona no es garantía alguna para dejarle actuar de una manera descontrolada. Por lo tanto, “para que no pueda abusarse del poder es preciso que… el poder contenga al poder”.
El debate detrás del Presupuesto General expone la interacción entre dos órganos del Estado y la regulación del poder que tanto hablaba Montesquieu. Muestra cómo cada uno tiene roles y funciones específicas, diseñadas a prevenir cualquier exceso. En este caso, al Ejecutivo le corresponde detallar los gastos que tendrá este año y al Legislativo aprobar los mismos, siempre y cuando los legisladores estén de acuerdo. De esta manera, el Gobierno no goza de un cheque en blanco que pueda poner en riesgo las finanzas de todo un país. En otras palabras, el poder contiene al poder.
Sin embargo, la situación actual es más complicada. Por un lado, el oficialismo se rehúsa a detallar con exactitud sus gastos y, por el otro, la oposición se rehúsa a aprobarlos. Mucho se ha oído hablar de que la oposición está utilizando una estrategia electoral al no “dejar trabajar” al Gobierno. No obstante, sería irresponsable por parte de una oposición política aprobar el presupuesto de un Gobierno que de manera intencional ha dejado fuera elementos claves y que posteriormente buscará cumplir dichos elementos con más deuda. En el contexto de una crisis fiscal, generada en parte por el manejo negligente de las finanzas públicas y el gasto excesivo, es un alivio que haya un poder que pueda fungir como auditor, ya que el ciudadano común no puede.
Para el oficialismo, la Asamblea Legislativa está aparentemente obligada a aprobar el presupuesto. En el pasado no ha sido tan difícil, pero por cuestiones de aritmética legislativa y la situación actual del país, esta vez es diferente. Los argumentos indicando que la oposición busca “sabotear la inversión” son engañosos, particularmente porque lo que esta pide es la inclusión del escalafón de salud y las pensiones del IPSFA al presupuesto, así como que este se base en la Ley de Responsabilidad Fiscal; propuestas razonables que no están fuera de este mundo. Por lo cual, los que acusan a aquellos que buscan un presupuesto balanceado, honesto y de mayor impacto, de politizar la situación, son irónicamente los verdaderos saboteadores con fines electorales, ya que polarizan toda propuesta alternativa. Asimismo dan la impresión de que su versión es irreformable, mostrando la vital importancia política y electoral dentro de la misma.
Es importante que los órganos del Estado desarrollen el rol para el que fueron creados. En tiempos de crisis, estos se vuelven aún más trascendentes. En este caso han forzado un diálogo entre el gobierno y la oposición, del que se espera un presupuesto más realista en cuanto al contexto del país. La separación de poderes ha brindado al ciudadano común —el más afectado por las crisis generadas en Casa Presidencial— una segunda oportunidad, balanceando así, la balanza.
*Estudiante de Economía
y Ciencias Políticas