Alejandro Guido, el ginecólogo acusado del intercambio de bebés en un hospital privado, denunció ayer en la Fiscalía al extitular de esa institución, Luis Martínez, y a la fiscal auxiliar, Dinora de Sigüenza, porque habrían procedido a capturarlo arbitrariamente.
La detención de Guido fue el 1 de septiembre de 2015, un día después que la madre del niño intercambiado, Mercedes Casanellas, lo denunciara en la Fiscalía, y sin mayores trámites, Martínez giró su orden de captura y fue firmada por De Sigüenza, explicó la defensora del médico, Bertha María Deleón.
Deleón señaló que Casanellas presentó en el Ministerio Público una prueba de ADN realizado en un laboratorio que no era del Instituto de Medicina Legal. El mismo análisis advertía que no podía ser usado en un procesos judiciales o investigaciones penales, y Martínez, a pesar de ello, habría procedido a la captura.
“No se realizó ni el mínimo de investigación por parte de la Fiscalía, sino que realmente se procedió de manera exprés, solamente con el aviso y el resultado de ADN que incorporó la misma señora”, afirmó la abogada.
Guido estuvo detenido tres días mientras esperaba que lo acusaran y se realizara la audiencia inicial. En esta quedó con libertad condicional y luego enfrentó la etapa de instrucción, en la cual, por órdenes del Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, fue sobreseído definitivamente en mayo del año pasado.
Deleón calificó de “daño serio” la acción ejecutada por Martínez. Manifestó que no solo se incurrió en perjuicio de su imagen, pues Guido también perdió clientes y gastó en abogados en el proceso judicial que enfrentó.
“Lo que quiero es que se descubra la verdad, qué pasó, dónde intercambiaron esos niños, y que se restablezca mi imagen. Que no se repita esto con alguien más, que no hayan arrestos arbitrarios”, acotó ayer Guido.
El médico, además, dijo que lo único que hizo en 2015 fue atender al parto de la señora Casanella.
Desde el año pasado, Martínez enfrenta dos procesos penales y uno civil.
Todo comenzó con su arresto, en agosto, tras sospechas de pertenecer a una red de corrupción en el Órgano Judicial en conjunto con Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais, otros abogados y empleados judiciales.
Ese mismo mes fue acusado del delito de divulgación de material reservado contra el sacerdote Antonio Rodríguez. Y a finales de noviembre, la Corte Suprema de Justicia lo envió a juicio civil por no justificar $486 mil de su patrimonio.