La premisa de que todo lo que está dentro del territorio controlado por pandillas como la MS-13 o la Mara 18 está a disposición de los cabecillas y sus miembros es una auténtica pesadilla para las mujeres y niñas salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas que viven en amplias zonas controladas por estas bandas internacionales del crimen.
Pero también en las zonas rurales y áreas fronterizas las mujeres han pasado a ser víctimas de las bandas del narcotráfico. Este es el punto de coincidencia de un grupo de expertas invitadas por el Centro Woodrow Wilson en Washington para revisar la situación del “Triángulo Norte de Centroamérica: Violencia, Seguridad y Migración”.
El foro realizado la tarde este miércoles contó con la participación especial de la embajadora Mari Carmen Aponte, Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien remarcó que Estados Unidos no debe claudicar a la protección de los derechos humanos y al combate de la corrupción, la impunidad y estos países donde ya se han empezado a ver avances sustanciosos en parte por el esfuerzo de la cooperación estadounidense.
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“Las migraciones de mujeres con sus hijos y de menores no acompañados desde el Triángulo Norte de Centroamérica es quizá uno de los desafíos más grandes de la región para Estados Unidos”, comentó la embajadora Aponte y agregó que el desembolso de los $750 que esperan sean ratificados por el Congreso de Estados Unidos darían una oportunidad a estos países para combatir la criminalidad y generar prosperidad y oportunidades.
Luego de la disertación de la diplomática que sirvió a la administración del presidente Barack Obama como embajadora de Estados Unidos en El Salvador y luego en cargos dentro del Departamento de Estado en Washington, se instaló el panel moderado por Eric Olson, director asociado del programa de América Latina en el Centro Woodrow Wilson.
La asesora principal de la organización Futuro sin Violencia parte del grupo de trabajo de mujeres del conglomerado “Paz y Seguridad”, Alexandra Arriaga, aseguró que sus estudios sobre el terreno les indican que las pandillas han arreciado el control de todos los habitantes de sus territorios y que en este escenario las mujeres y niñas son las que han tenido que pagar un alto precio por el hecho de vivir en comunidades controladas por el crimen.
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“Todo lo que está metido en la comunidad que está controlada por las pandillas es propiedad indiscutible de estos grupos, incluidas las mujeres y niños. Hemos observado con preocupación que la victimización de las mujeres y niñas por parte de las pandillas se ha incrementado”, reflexionó la experta.
También matizó que consecuente con la explotación de las mujeres o adolescentes perseguidas por las pandillas se incrementa la violencia contra jóvenes varones hermanos o familiares, los que son acosados o hasta asesinados.
Estos datos concuerdan con los testimonios recogidos por la Comisión para Mujeres Refugiadas, cuya directora principal, Joan Timoney, explicó que del total de entrevistas tomadas a las mujeres procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica en la llamada “Crisis humanitaria de los niños migrantes”, que se desató en el verano de 2014, la mayor parte se han desplazado por la violencia de las pandillas.
“Una señal de alarma es el tema de los desplazamientos internos en particular en Honduras y El Salvador… los datos indican que solo en 2015 más de un millón de personas se desplazó por la violencia en el Triángulo Norte y México”, comentó Timoney.
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Agregó que del total de mujeres que ingresaron por la frontera sur de Estados Unidos la mayor parte de las peticiones de asilo están amparadas por la inseguridad. Los datos registrados indican que el 80 por ciento de mujeres hondureñas y sus hijos llegaron a Estados Unidos para salvarse de las pandillas, así también el 78 por ciento de salvadoreñas y un 53 por ciento de guatemaltecas.
Para la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien hoy trabaja para una organización de intereses hispanos en Washington, la victimización de las mujeres ha experimentado un patrón de crecimiento sostenido en los tres países, y las posibilidades de que las féminas sean víctimas de las pandillas y del crimen organizado ha relegado a la violencia doméstica o en el peor de los casos se ha convertido en una maraña que complica el problema.
La representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Karelia Villa, especialista en Seguridad Ciudadana y Justicia, argumento que los datos recopilados tanto por el organismo multilateral como por otras agencias gubernamentales y del sector privado son un claro indicador de que se deben ampliar los lazos de cooperación y de interacción para los esfuerzos del combate al crimen y minimizar la violencia contra las mujeres y niñas.
El panel concluyó con preguntas de la audiencia conformada en su mayoría por representantes de gobiernos y de organismos cooperantes que trabajan a diario desde Washington; además de organizaciones involucradas con la temática de genero para el continente americano.