TEGUCIGALPA. Honduras puso ayer en vigor una Ley de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas, que fue aprobada en el 2016 por el Parlamento y tiene el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La ley fue sancionada ayer por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como testigo, en una sencilla pero solemne ceremonia que se celebró en la Casa Presidencial con la participación de funcionarios del gobierno y cuerpo diplomático, entre otros invitados.
“Con esta ley se garantiza que ningún partido político en Honduras recibirá dinero o financiamiento mal habido del crimen organizado, del narcotráfico”, dijo Hernández en un discurso previo a la sanción de la ley, que supone un importante paso en la todavía frágil democracia hondureña, a la que el país retornó en 1980.
Almagro aseguró que ahora Honduras se inscribe “en la lista de países que, a través del blindaje financiero y fiscal de los partidos políticos, realiza labores preventivas en materia de combate a la corrupción e impunidad”.
Al abrir la ceremonia de promulgación de la nueva ley, el secretario general dijo que la corrupción, un mal endémico de las democracias contemporáneas, “deteriora la cohesión social, destruye la confianza en las instituciones y reduce la política a una simple actividad primitiva de saqueo que conduce al desencanto popular”.
En el pasado reciente en Honduras han trascendido denuncias de la supuesta financiación de campañas y candidaturas a cargos de elección popular con dinero procedente del narcotráfico, lo que ninguna autoridad del país centroamericano ha investigado.
La nueva legislación limita los gastos de las campañas electorales, pone techo a los donativos, prohíbe las donaciones anónimas, regula las contribuciones en especie y establece sanciones fuertes, hasta la disolución de un partido político en caso de violentar la norma.
“Hoy es un día histórico para el ejercicio de la transparencia del país, hoy sancionamos la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos en Honduras, misma que ha sido ampliamente socializada y aprobada con todos los sectores políticos”, subrayó Hernández, quien asumió el poder el 27 de enero de 2014.
Agregó que en la socialización de la ley participaron académicos, sectores sociales y gremios importantes del país, que entre marzo y noviembre celebrará elecciones internas de partidos y generales.
La nueva ley es respaldada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la OEA, que fue instalada en Tegucigalpa el 19 de abril de 2016.
Hernández resaltó los avances que ha tenido Honduras en la lucha contra la corrupción, el combate al narcotráfico, la defensa de los derechos humanos, la inseguridad y depuración de la Policía Nacional, entre otras acciones, y agradeció el acompañamiento de la OEA y varios países a esas iniciativas gubernamentales.
Sobre la nueva ley sancionada, el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva, dijo que para él no es solamente el último trámite para la vigencia de una normativa, sino la honrosa satisfacción del deber cumplido que embarga al poder Legislativo.
Añadió que la legislación fue aprobada para darle a los hondureños un instrumento valioso y efectivo para escudriñar palmo a palmo a las instituciones de derecho público que les representan.
Dijo además que “es reconfortable” contar con el acompañamiento de la OEA y su secretario general.
En opinión de Almagro, la corrupción se ha transformado en una especie de privatización del Estado, de secuestro de los poderes públicos por parte de unos pocos que disponen de lo que es de todos, a su arbitrio y con un sentido patrimonialista y utilitario.
“Los gobernantes y políticos corruptos se vuelven, directa o indirectamente, en explotadores de otros ciudadanos, sus iguales, que han confiado en ellos la administración de los bienes públicos que son de todos”, subrayó Almagro.
También destacó que los legisladores de todos los partidos políticos votaron a favor de la nueva Ley como una herramienta de combate a la corrupción y que en el proceso la MACCIH acompañó activamente a la Comisión de Asuntos Electorales del Parlamento.
La nueva ley hará que las campañas electorales y partidos sean más transparentes, exista una correcta rendición de cuentas y se evite que dinero incierto e ilegal ingrese a la política, dijo Almagro.