La Fiscalía General reafirmó ayer la demanda por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado contra el expresidente de la República, Mauricio Funes (asilado en Nicaragua); su hijo, Diego Funes Cañas, y la exprimera Dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
“Nosotros estamos convencidos del incremento patrimonial no justificado de él (Funes)”, declaró Andrés Amaya, jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción, luego de que la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador suspendiera por tercera vez el juicio civil contra el exmandatario, su hijo y su expareja.
La audiencia estaba programada para las 10:00 de la mañana, pero el tribunal la pospuso e informó que la reprogramaría, después de que, la tarde del lunes, el abogado de Funes, Enrique Araujo Machuca, presentó un recurso de revocatoria.
Recurso presentado por apoderado de expresidente #MauricioFunes para suspender audiencia este día. pic.twitter.com/dZUGjHOwRT
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 17 de enero de 2017
En la diligencia de ayer se conocerían los resultados de los análisis financieros que dicho tribunal superior ordenó que se le hicieran a los bienes de Funes y sus parientes.
Las investigaciones han arrojado que el exfuncionario no habría justificado logrado justificar un incremento de 728 mil dólares en su patrimonio durante su gestión, entre 2009 y 2014.
El fiscal Amaya no descartó que los resultados financieros revelen que el incremento económico de Funes haya superado ese monto.
Pignato se presentó ayer a la audiencia y aseguró que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia “nunca” determinó que ella se hubiera enriquecido ilícitamente; quien lo hizo, dijo, fue la Fiscalía.
Al respecto, el delegado del Ministerio Público sostuvo que las declaraciones patrimoniales que presentan los funcionarios incluyen a sus cónyuges y sus hijos.
En este caso, las pesquisas han arrojado que Pignato saldó deudas que superaban los 57 mil dólares pese a que no tenía ingresos económicos porque desempeñaba su cargo ad-Honorem.
Mientras que el hijo de Funes, adquirió un lote de vehículos (cuando su padre fue presidente) por un monto de 118,600 dólares y el origen del dinero se desconoce.
Audiencia fue pospuesta por tercera vez
La Cámara Segunda de lo Civil aplazó ayer, por tercera vez, el juicio civil contra Funes, su hijo Diego Roberto y Pignato porque Araujo, el defensor el exmandatario, presentó un recurso de revocatoria en contra de un resolución que emitió ese tribunal el 11 de enero.
El abogado argumentó que la Cámara no solicitó una cooperación judicial internacional a Nicaragua para que pudieran tomarle su declaración, explicó el fiscal Amaya.
El 10 de enero pasado, Araujo pidió que se le permitiera al exmandatario declarar desde la embajada de El Salvador en Nicaragua, porque su vida corría peligro si volvía al país.
Funes pidió que su declaración se llevara a cabo por medio de la cooperación judicial internacional.
Un día después de la solicitud, el tribunal resolvió que Funes declarara desde el extranjero, pero le advirtió que su declaración fue solicitada en El Salvador y por ello no era posible tramitarla con las autoridades nicaragüenses.
Las magistradas dieron a Araujo tres días hábiles para que pusiera a disposición los medios tecnológicos necesarios para que Funes rinda la declaración pero no lo hizo.
Cuando se le preguntó al representante del Ministerio Público si estas no serían tácticas de Funes para dilatar el proceso, Amaya dijo: la Ley lo permite (poner recursos) y bajo esa permisibilidad es que ellos están actuando”.
La primera vez que se supendió al audiencia fue el 15 de noviembre, porque, supuestamente, no estarían listos los peritajes contables. La otra fue el 4 de enero, porque el abogado de Funes dijo que debía asistir a otras diligencias judiciales.
Llega Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social, a Cámara 2° Civil por caso enriquecimiento ilícito. V: M.Romero https://t.co/dNHbvPBWBZ pic.twitter.com/ZBZCnNkrM3
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