La ola de violencia que azota a los salvadoreños y que nos ha llevado a estar en la lista de países más peligrosos del mundo es consecuencia de no haber puesto en pie un esquema de control territorial como en su momento lo propuso, pero no se tomó en cuenta, el alto mando del Ejército y que entre otros perjuicios llevó a la supresión, por venganza, de la Guardia Nacional en 1992.
En su brillante, documentada y muy sensata exposición por televisión, el exministro de la Defensa, general Otto Romero, explicó cómo las instancias formadas para dar vigencia a los “acuerdos de paz” se pusieron en manos de izquierdistas más empeñados en debilitar al Ejército que en garantizar un orden democrático que respetara libertades y derechos esenciales de la población.
Una tras otra se impusieron purgas a la Fuerza Armada, que afectaron a más de ciento cincuenta oficiales sin que estos tuvieran oportunidad de defenderse; se emprendió la desmovilización de la mitad del Ejército en un año, cuando lo acordado era llevarla a cabo en dos; no enjuiciaron a criminales del lado de la guerrilla ni se fiscalizó la entrega del armamento en su poder, como se comprobó con el estallido de un enorme arsenal en el buzón de Santa Rosa en Managua en mayo de 1993 (un año después de firmados los acuerdos), o los tatús con armas que se dice que quedaron en Guazapa. Tampoco se llevaron a juicio los responsables de reclutar y enviar niños a la muerte, un delito que no prescribe internacionalmente.
A la par del acoso al Ejército se formó una “Comisión de la Verdad” que no condujo a nada sustancial, pese a atrocidades contra civiles, empresarios y centros de trabajo, incluyendo la destrucción de nuestros dos majestuosos puentes colgantes sobre el Lempa y el sistema eléctrico del país.
Es fundamental fortalecer la seguridad pública y el control territorial
El general Romero enfatiza un hecho fundamental sobre la función de un Ejército: defender el territorio, defender a la población y disuadir estallidos de violencia. Los ejércitos, dijo, no hacen guerra cuanto se esfuerzan por mantener la paz. Adicionalmente, la Fuerza Armada de El Salvador realizaba, con los reclutamientos, una importantísima función social; la de incorporar jóvenes campesinos a un orden de vida superior, alfabetizarlos, disciplinarlos, inculcarles principios esenciales.
Los efemelenistas, en su nuevo papel de participantes en el proceso de paz, pusieron oídos sordos a las advertencias que hacían altos jefes militares sobre la necesidad vital de controlar el territorio y asegurar la seguridad de todos.
Los exguerrilleros no estaban preparados para asumir la dirección de la nueva Policía Nacional Civil y a las claras no consideraron necesario proteger el interior, que quedó como “tierra de nadie”, un vacío que llenaron asaltantes y bandoleros de toda clase hasta caer en el gravísimo problema del presente.
Toda esa etapa del proceso para implantar los Acuerdos de Paz fue usada por la extrema izquierda marxista para debilitar, destruir o hacer mofa de instituciones esenciales para un orden democrático y un régimen de leyes, hasta llegar al desorden y casi caos institucional del momento, lo que se refleja en la débil economía y los palos de ciego que el partido oficial da a sus fantasmas.
El Ejército como institución, aseguró el general Romero, continúa como garante de las instituciones, las libertades y los derechos esenciales de los salvadoreños.