El argumento de ARENA para asegurar que el presupuesto de 2017 fue avalado ilegalmente se basa en lo que dicta el artículo 86 de la Constitución. La diputada Carmen Elena Calderón de Escalón afirma que ese apartado no le da facultades a la Asamblea Legislativa de ordenar a Hacienda que busque el financiamiento a una partida que los diputados aprobaron sin fondos.
Según De Escalón, eso fue lo que pasó en la plenaria del miércoles pasado cuando el FMLN, PCN, PDC y GANA votaron a favor del presupuesto del presente año sin tomar en cuenta que el documento no detalla de donde sacará el gobierno el dinero para pagar $227 millones de pensiones del sistema antiguo, ni otros $52 millones para cancelar las retribuciones de los militares retirados acogidos en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).
La justificación que el resto de partidos dio es que se coloca una partida “simbólica” de $1,000 para cuando Hacienda logre tener el financiamiento traslade a esa partida un monto de $230 millones.
Esa ilegalidad, según ARENA, es en la que fundamentará su demanda de inconstitucionalidad que pondrá en los próximos días ante la Sala de lo Constitucional para denunciar el mal procedimiento en la aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea. Incluso, según De Escalón, han violado el Reglamento Interno legislativo que manda primero a discutir en el pleno un dictamen antes de aprobarlo. Los diputados hicieron lo contrario el miércoles pasado.
Calderón de Escalón recriminó que para evitar ese desfinanciamiento, ARENA le hizo ver al gobierno que era posible recortar gastos en el presupuesto por el orden de los $250 millones, pero lamenta que el FMLN hiciera caso omiso y propuso un dictamen que ya había sido negociado con el resto de partidos de oposición.
Los tricolores dijeron dice que tenían preparada una propuesta en ese sentido, pero a raíz de que fueron marginados irán presentando ante la Asamblea en piezas las diferentes opciones de las que el gobierno puede echar mano para reducir el gasto público.