Daniel Ortega recibió la banda presidencial el pasado 10 de enero, en un acto que los nicaragüenses llaman ya ‘la coronación’, no solo porque su esposa Rosario Murillo, es también su vicepresidenta, sino también porque es la cuarta vez en su vida (y tercera consecutiva) que asume la primera magistratura del país.
Para lograrlo, Ortega tuvo que quebrantar la Constitución, destruir el sistema de partidos políticos, y controlar todos los poderes del Estado, incluyendo aquellas instancias estatales que, teniendo algún nivel de independencia, todavía actuaban dentro del margen de la ley, sin seguir las consignas partidarias.
En lo económico, sus diez años de gobierno se han caracterizado por una serie de altos y bajos en los que el acceso de forma absolutamente discrecional a más de US$3,600 millones producto de la cooperación venezolana, llevó a que el producto interno bruto creciera dos puntos más de lo esperado, mientras facilitaba a Ortega y su familia, amasar una fortuna que le permite incluirse entre los millonarios de la región.
Eso, a pesar que –más allá de la actividad política, que le ha permitido cobrar un salario como mandatario, como ex presidente o como diputado durante más de 37 años – Daniel Ortega nunca ha tenido un empleo en el que deba esperar a final de mes para recibir su pago.
Aunque en las elecciones generales de noviembre 2006 solo obtuvo el 38 % de los votos, Ortega pudo ceñirse la banda presidencial el diez de enero de 2007 pasado, gracias a la firma de un acuerdo en 1999 con el entonces presidente Arnoldo Alemán, que permitía acceder a la Presidencia de la República con solo el 35 % de los votos.
A pesar de ser minoría en la Asamblea Nacional, Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fueron ‘atrayendo’ hacia su órbita a suficientes diputados ‘independientes’, como para llegar a controlar al parlamento, lo que les permitió legislar sin obstáculos en temas especialmente sensibles como la distribución del presupuesto de la República, o la elección de cargos en cualquiera de los poderes del Estado.
Así, uno tras otro fueron puestos bajo su control: la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 16 magistrados (8 liberales y 8 sandinistas), cayó en sus manos después que murieran varios magistrados liberales que fueron sustituidos por abogados alineados a Ortega.
El Consejo Supremo Electoral también depende por completo de Ortega, a pesar que en su composición estaba pensado para mantener el equilibrio: tres magistrados electorales provenientes del sandinismo, otros tres liberales, y un séptimo propuesto por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, para que asumiera la presidencia y resolviera los empates.
De nuevo, la muerte de algunos magistrados electorales y el hecho de que fueron sustituidos por otros con afinidad al sandinismo, más la adhesión absoluta del magistrado presidente del Consejo a los dictados de Ortega, llevó a que ese organismo se convirtiera en el receptor de los más fuertes reclamos de una oposición que lo señala como cómplice de los fraudes electorales de que se acusa al FSLN.
Con el tiempo, seguiría ese mismo camino la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas), que ya no fiscaliza el uso de recursos por parte de los poderes del Estado ni investiga las denuncias ciudadanas o periodísticas que apuntan hacia probables malos usos del dinero público.
Ahora, hasta el Banco Central, cuya administración se mantuvo al margen de las consignas partidarias por varios años, produciendo información que aceptaban tanto los economistas como los estudiosos y los periodistas, ha perdido esa aura de confianza, para pasar a percibirse como un reducto más del partido.
Sueños de grandeza
A pesar de tantas denuncias por abusos, Ortega ha podido gobernar prácticamente sin sobresaltos, gracias a una afortunada combinación de factores entre los que destaca la generosa cooperación venezolana que ayudó a fortalecer la economía nacional, así como la promesa de una serie de megaproyectos que ofrecían generar mucha riqueza y crecimiento.
También fue útil su alianza con el gran capital, con el que negocia las leyes que son de interés mutuo, y un hecho inusitado para un país que ha vivido varias guerras en casi 200 años de vida independiente: la desmovilización de la sociedad, que (casi) no reclama ante los desmanes del poder.
Durante ocho de los diez años de la década en que Ortega ha permanecido en el poder, la cooperación venezolana – que llegó a representar ingresos por más de USD$500 millones al año – sirvió para cimentar la gestión económica del país, y el presunto enriquecimiento de la familia Ortega-Murillo.
Esa masa de recursos se usó para crear un conglomerado de empresas dedicadas a la importación y distribución de combustibles, generación de energía eléctrica, finanzas, transporte, así como construcción de residenciales, edificios y carreteras, entre otros.
El efecto fue múltiple: por un lado, permitió ofrecer puestos bien remunerados a la numerosa base de profesionales y militares en retiro que seguían siendo fieles al partido. Por otro, permitió dinamizar diversos sectores de la economía, que se benefició de las grandes masas de recursos que se recibían cada año.
A la par, la extensa familia Ortega-Murillo (tienen nueve hijos) fue desarrollando un grupo de empresas administradas desde Alba de Nicaragua S. A. (Albanisa), la empresa privada de capital venezolano y nicaragüense creada para manejar la ayuda venezolana de forma discrecional, y sin control del parlamento.
La acumulación de ese capital, que comenzó durante los años del auge de los precios del petróleo, sirvió para alimentar la imaginación popular, que se vio seducida con promesas de grandes proyectos, a los que el entonces diputado opositor Wilfredo Navarro denominó “sueños faraónicos de Ortega”.
Estos incluían un canal interoceánico valorado inicialmente en USD $40,000 millones (revalorizado después a USD$50,000 millones); una refinería que costaría más de USD$4,500 millones; un puerto en el Caribe; un ferrocarril transoceánico; usar las aguas del Gran Lago de Nicaragua para regar las tierras del Pacífico del país; construir fábricas de cemento, de acero, de explosivos, y hasta fabricar un satélite artificial de manufactura china.
Ninguno de esos proyectos llegó a realizarse.
Los negocios de Albanisa sirvieron también para forjar alianzas con varias de las grandes empresas del sector privado, en especial las de la industria agroalimenticia que proveyeron a Albanisa del azúcar, la carne, el aceite, el café, la leche – y hasta las caraotas (frijoles) – que se exportaban a Venezuela para abonar a la deuda petrolera del país.
Todo eso sirvió para aceitar las relaciones de Ortega con el capital privado, con quienes negocia las leyes que después aprueba la afín bancada mayoritaria del partido en la Asamblea Nacional. O bien se busca solución a los múltiples problemas que causa una burocracia, cuyo principal mérito es la lealtad política a un régimen que los obliga a acudir a las plazas en su tiempo libre, para que parezca que Daniel Ortega sigue gozando del favor de la mayoría del pueblo.