Es falso decir que a causa de una censura total sobre los medios informativos se justificaba desatar una guerra interna, pues los diarios y publicaciones de entonces mantenían un sano y vigoroso debate sobre la problemática nacional, aunque generalmente se cerraba espacios a los que pretendían justificar secuestros, asesinatos y otros actos violentos.
En la actualidad hay una saludable medida de libertad para exponer, discutir y oponer, pero nadie piensa que esa libertad debe extenderse a las pandillas para que justifiquen las atrocidades y extorsiones que perpetran, aunque Funes, el que corrió a buscar asilo cuando advirtió que la Fiscalía le seguía los pasos, dijo en una ocasión en Washington que los actos de los mareros eran para sostener a sus familias y sus hijitos.
Los medios de difusión en 1980, como ahora, tenían normas para decidir entre publicar y no publicar, normas lógicas como un correcto uso del lenguaje, no atacar a nadie sin pruebas, no caer en el panfletismo, no insultar. Tampoco se daba espacio a prédicas extremistas, a hacer la apología de dictaduras (se tratara de Castro, Somoza o Perón) ni se daba cabida a llamados a insurrección, rapiña o destrucción de bienes ajenos.
Entonces como ahora, se rectificaban errores cometidos en una publicación.
El público y la sociedad cuidaban su prestigio y podían demandar publicaciones pero rara vez lo hicieron, a diferencia de lo que sucede actualmente, que por cualquier comentario o hasta por hacer una pregunta y particularmente miembros del grupo en el poder amenazan o montan juicios, como el incoado a la diputada De Escobar por querer saber quiénes eran los protagonistas de un aparatoso choque en la Plaza Masferrer.
Nunca se denunció corrupción como un problema generalizado, o frecuente, muestra de lo cual es que al menos dos expresidentes pasaron dificultades al retirarse, como fue el caso de Óscar Osorio.
La corrupción como problema de graves dimensiones es lo propio de los tiempos poscuartelazo de 1979 y más ahora, como han revelado las investigaciones de Probidad y la Fiscalía.
Nadie iba a publicarles a gentes manchadas de sangre
Con el cuartelazo de 1979, lo que hasta ese momento se dejaba en manos de negocios privados como la importación de petróleo, fue asumido por militares, que, se decía entonces, tomaban “regalías” para sí mismos. E igual sucedió con la concesión de créditos bancarios después de la estatización efectuada por la junta golpista: conseguirlos iba siempre acompañado de mordidas a los gestores.
Hace muy poco, en una entrevista televisiva, se dijo que “un grupo” armado se había iniciado en 1972 por la falta de libertades y para combatir “la dictadura”. Pero ese grupo de “idealistas” perpetró, poco menos de un año antes, el secuestro y asesinato de Ernesto Regalado Dueñas. Nadie iba a publicar sus exordios a la locura a individuos manchados de sangre inocente.
Se firmó la paz pero las “grandes verdades” que no se podían publicar “por la censura” siguen en el misterio: fuera de insultos a los sectores productivos y a las gremiales, que no se hacen por escrito, dada la incapacidad que sufre la extrema izquierda para exponer con claridad y convicción ideas o programas.
La sociedad antes de la guerra era mucho más tranquila y muy segura.