WASHINGTON. Una de las órdenes ejecutivas firmadas ayer por el presidente Donald Trump ha sido la que prohíbe financiar, con dinero oficial, para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero, y que difundan información al respecto.
“El presidente, no es ningún secreto, ha dejado muy claro que es un presidente pro-vida”, dijo a periodistas el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su primera reunión informativa diaria.
“Él quiere defender a todos los estadounidenses, incluyendo a los que no han nacido, y creo que el restablecimiento de esta política no es sólo algo que hace eco de ese valor, sino que también respeta la financiación de los contribuyentes”.
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Trump adoptó la medida al día siguiente del 44 aniversario de “Roe V. Wade”, el fallo emblemático del Tribunal Supremo que legalizó el aborto en 1973 en Estados Unidos, y dos días después de que millones de estadounidenses se manifestaran por sus derechos.
Esta prohibición, que se conoce como “la política de la ciudad de México” porque se anunció en una conferencia de la ONU celebrada en esa ciudad en 1984, representó una de las piedras angulares de la política social de Ronald Reagan (1981-89).
Se han autorizado durante los mandatos demócratas y se han prohibido durante los republicanos: la prohibición fue instaurada por el republicano Ronald Reagan (1981-1989), y fue anulada por el demócrata Bill Clinton (1993-2001). El republicano George W. Bush (2001-2009) la volvió a implantar en su gobierno, pero su sucesor, Barack Obama (2009-2017), la suprimió de nuevo.
Ese fue uno de los puntos que criticó Donald Trump, el pasado 20 de octubre, durante el debate final con la entonces candidata demócrata. “Respeto la vida” y, “si se hace lo que dice Hillary, uno puede sacar el bebé justo antes de dar a luz”, una circunstancia que hoy Trump definió como “inaceptable”.
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Estados Unidos destina actualmente cerca de 544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo, según datos de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID).
La medida podría afectar las actividades de la rama internacional de Planned Parenthood, una organización estadounidense que proporciona servicios de salud reproductiva en más de 180 países y que se ha convertido en blanco de los ataques de los republicanos.
El nuevo presidente, por su parte, se apresuró a nombrar en el Tribunal Supremo un juez ferozmente opuesto al aborto, precisando que esta nueva relación de poder en la alta jurisdicción podría desembocar “automáticamente” en la anulación del fallo “Roe v. Wade”, que legalizó el aborto en 1973 en Estados Unidos.
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El presidente hizo otras promesas provida durante la campaña, entre ellas nombrar jueces provida para la Corte Suprema; firmar una ley prohibiendo los abortos tardíos; cortar el financiamiento público a la multinacional del aborto Planned Parenthood y redistribuir ese dinero hacia centros de salud comunitarios que no realicen abortos; y hacer una prohibición permanente para que el dinero de los contribuyentes no financie abortos.