Tras la aprobación del presupuesto de 2017 por la Asamblea, que asciende a $4,957.8 millones, y al develarse que de esos fondos hay una cantidad millonaria para varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), justo cuando el gobierno dejó sin fondos otras partidas indispensables como las pensiones, los partidos apoyan la idea de que deben regular a quiénes están asignando dinero del Estado.
Diputados de GANA, del FMLN y del PCN, si bien matizan que la Corte de Cuentas de la República (CCR) es la llamada a controlar cómo se usan esos fondos por parte de las ONG, no desechan la posibilidad de apoyar un esfuerzo en ese sentido, una vez que conozcan la propuesta hecha por ARENA.
La iniciativa viene del diputado arenero René Portillo Cuadra, quien informó que ha preparado un anteproyecto de ley denominado: “Postulación de Proyectos Sociales”, que definirá los criterios a seguir para escoger qué ONG deben ser beneficiadas y los mecanismos de control de la ejecución de $22.5 millones.
Agregó que lo estaría presentando a la Asamblea el próximo jueves en la plenaria y confía en que el resto de partidos hagan eco de su moción.
“Una vez presentada pediremos el apoyo al resto de partidos, es imposible que sólo ARENA lo haga (se necesitan 43 votos y el partido tricolor sólo tiene 35 diputados); si todos están comprometidos con la transparencia darán el apoyo, sino sería hipócrita lo que le dijeron al pueblo al aprobar este tipo de leyes (Ley de Responsabilidad Fiscal)”, argumentó Portillo Cuadra.
Agregó que “no se puede repartir gran cantidad de dinero cuando le falta al Estado; se puede adjudicar dinero cuando existe sobrante, pero no cuando le falta dinero al Estado”.
El legislador tricolor abonó que en esa normativa se establecerán los mecanismos de auditoría y control de ejecución de los fondos de cada una de las organizaciones que reciban dinero de los presupuestos nacionales.
Agregó que entre los componentes que propone en la nueva normativa están: la creación de una entidad interministerial que calificará los proyectos que presenten las organizaciones privadas que quieran concursar por fondos públicos.
También será requisito indispensable para poder optar a la asignación de más fondos durante un ejercicio fiscal presentar su finiquito de ejecución de los fondos que el gobierno le haya asignado un año anterior.
Las organizaciones deben tener personería jurídica y demostrar que están inscritas legalmente en el Ministerio de Gobernación.
Portillo Cuadra aseveró que se reglamentará que sean auditadas en los primeros diez meses de cada ejercicio fiscal, esto con el propósito de que cuando el Ministerio de Hacienda inicie los preparativos para el diseño del presupuesto anual que lleva a la Asamblea Legislativa tenga claro qué organizaciones han cumplido con ser transparentes en la ejecución del dinero asignado.
Según Portillo Cuadra, este mecanismo se aplica en casi todos los países cuando se trata de distribuir fondos del Estado por medio de concurso.
Otro detalle en el anteproyecto es que este instrumento legal sería parte complementaria de la Ley de Responsabilidad Fiscal que aprobaron los diputados el año pasado y que, según el partido tricolor, el gobierno incumplió al aprobar el presupuesto de 2017 desfinanciado.
Partidos lo analizarán
El resto de partidos no descartan evaluar la propuesta de ARENA.
Mario Tenorio, de GANA, expresó que esperan conocer el anteproyecto, pero rechazó que las ONG que obtienen fondos del presupuesto tengan nexos políticos, pero sí hay de “todos los colores y de todos los sabores”, ironizó.
En un punto que coinciden todos es que la Corte de Cuentas está obligada a fiscalizar los fondos, ya que en su mayoría son entidades privadas que reciben el dinero, a través de los ministerios, según argumentan Jackeline Rivera, del FMLN, y Francisco Merino, del PCN.
Sin embargo, Rivera afirmó que algunas son beneficiadas de forma directa, es decir, sin pasar por el filtro de una institución pública.
Del presupuesto para este año se distribuyeron $22.5 millones, según Portillo Cuadra, orientados a organismos no gubernamentales. Algunos tienen asignadas cantidades que sobrepasan el medio millón, y entre las que tienen menores montos están universidades privadas, iglesias, comunidades y cuerpos de socorro. Varias universidades privadas han justificado el uso del dinero para proyectos sociales.
Merino calificó de positivo que ARENA diga que es necesario repartir dinero a ONG con regulaciones, pero recordó que desde hace décadas se asignan fondos a organismos privados que no se benefician de los gobiernos de turno y que no necesariamente están relacionados con los partidos.