El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, dijo hoy que la alianza está revisando, con la ayuda de expertos, la propuesta que entregaron los mediadores internacionales para reactivar el diálogo con el Gobierno que entró en “revisión” el pasado diciembre.
“Aquí nadie ha dicho que ese documento es una maravilla ni que lo vamos a aceptar. Dijimos que lo habíamos recibido y que se iba a estudiar, y lo estamos haciendo con el respaldo de expertos en negociación y en distintas áreas que son tocadas en ese documento”, afirmó Torrealba durante su programa de radio.
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Sin embargo, reiteró que la MUD no retomará la interlocución directa con los delegados del Gobierno de Nicolás Maduro hasta que se cumplan los acuerdos, pese a que el chavismo también acusa a los opositores de faltar a lo pactado en las primeras negociaciones de este proceso que se instaló formalmente el pasado 30 de octubre.
“Cualquier tipo de diligencia futura pasa por una condición básica, que es que exista un mecanismo de verificación y cumplimiento de los acuerdos”, dijo Torrealba y agregó que la MUD no se va a “prestar” para “la continuidad de un diálogo que no le ofrezca resultados al país”.
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Entre las exigencias de la MUD para retomar las conversaciones están la liberación de opositores a quienes consideran “presos políticos”, la apertura de un canal humanitario para el ingreso de medicinas y alimentos que escasean en el país y el establecimiento de un cronograma electoral.
El portal venezolano La Patilla publicó el lunes el plan que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano -ambos mediadores en estos asuntos- entregaron la semana pasada al Gobierno y a la MUD para reanudar los encuentros.
Con este plan los mediadores instan a las partes a proponer “previo acuerdo de la plenaria conjunta, las posibles fechas para las elecciones de gobernadores y alcaldes que se efectuarán en 2017 y que, de ser así acordado, podrían celebrarse conjuntamente o abordar el cronograma electoral para 2018”.
En la propuesta también está contemplado un plan para terminar con el estatus de desacato que el Supremo impuso al Parlamento, de mayoría opositora, un mecanismo de verificación y seguimiento de lo pactado y otro de garantías en este sentido.