La Corte Suprema del Reino Unido sentenció que el gobierno de Theresa May no puede activar la salida de ese país de la Unión Europea (UE) sin pasar primero por una consulta al Parlamento.
El pasado 3 de noviembre, la máxima instancia judicial británica falló a favor de la empresaria Ginna Miller, quien representando a un grupo de ciudadanos, pidió que se declarara la obligación de consultar a los legisladores antes de invocar el artículo 50 del tratado de Lisboa, con el que se da trámite a la salida de la UE.
El gobierno intentó apelar esta medida, pero en horas de la mañana de hoy (madrugada de San Salvador), ocho de los tres magistrados de la Corte sostuvieron el fallo de noviembre.
El fallo, sin embargo, no afecta la decisión tomada en el referéndum, sino únicamente el mecanismo por el que esta se llevará a cabo, según lo explicó el presidente de la Corte, David Neuberger.
Los 11 jueces también decidieron de forma unánime que no es necesario consultar a los gobiernos locales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y que estas administraciones regionales no tienen derecho de vetar el artículo 50.
La salida británica de la Unión Europea fue aprobada en un referéndum celebrado a lo largo del Reino Unido el pasado 23 de junio. En breve se experimentaron efectos económicos, como un debilitamiento de la libra esterlina, una de las monedas de mayor solidez en la historia reciente.
Asimismo, este resultado electoral trajo cambios políticos en ese país, llevando a la renuncia del entonces primer ministro, David Cameron, así como la renuncia de su supuesto sucesor a las intenciones de liderar el gobierno. Tras estas caídas, ascendió al poder y a la cabeza del partido Conservador Theresa May.