Los sindicatos del Ministerio de Salud se preparan para una batalla legal contra las autoridades de Salud para exigir el pago del escalafón a todos los empleados y no solo a los que ganan menos de $2,000.
El lunes pasado, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, dijo que el escalafón de los empleados de Salud no va a ser pagado como dicta la ley, sino que están definiendo una fórmula para aplicarlo a quienes reciban salarios menores a $2,000.
Fausto Payés, abogado del Colegio Médico dijo que ser aplicado tal como expuso la ministra, ella estaría infringiendo el principio de legalidad establecido en la Constitución de la República de El Salvador.
Payes argumentó que hay una serie de información que no es precisa en las declaraciones que han brindado las autoridades de Salud, “creo que esto lo vamos a saber el primer mes de pago, para ver si se ha cumplido o no el pago del escalafón”.
El abogado explicó que el principio de legalidad, que establece el articulo 86 de la Constitución de la República, dice que los funcionarios no tienen más atribuciones que la que expresamente dicta la ley, “y en este caso la Ley del Escalafón expresamente le dice que debe de cumplir, no le está diciendo si tiene para pagar o no”.
Además, el pasado viernes, el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, advirtió que “lo aprobado en la Asamblea Legislativa es ley de la República, y es una ley especial (del presupuesto), que está por encima de las otras leyes, incluyendo la ley del escalafón”.
Pero el abogado del Colegio Médico, opinó que “no es cierto. Usted puede relacionarlo con los principios del derecho laboral, que están en la Constitución de la República, que en el artículo 52 establece que los derechos consagrados a favor del trabajador son irrenunciables”.
Luego citó el artículo 14 del Código de Trabajo, el cual dicta que cuando hay conflicto o dudas sobre la aplicación de una norma de carácter laboral, prevalece la que más le conviene al trabajador. El abogado, también, advirtió que hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dictan que no puede derogarse esa norma.
Sobre el conflicto laboral, el presidente del Colegio Médico, Juan Tobar, dijo que según explicaciones del abogado ambas leyes (Escalafón y Presupuesto General de la Nación son secundarias, y la única primaria es la Constitución de la República.
“Yo tengo entendido, con el sesgo que no soy abogado, que ni una ni la otra se supeditan entre sí, y que su cumplimiento debe ser de manera autónoma e independiente, y que no hay forma de decir que con la Ley del Presupuesto quedó anulada la Ley del Escalafón”, dijo el médico.
El doctor expuso que el incumplimiento de la ley se da también desde que el presupuesto aprobado para el pago de la compensación a los empleados de Salud no es suficiente para el escalafón.
Salud necesitaba $26 millones , pero solo recibió $15 millones para pagar el compromiso legal del alza salarial.
“Porque la Ley del Escalafón claramente establece, en el artículo 12, cuando habla de la aplicación del sistema, que se aplicará por el sistema de incentivos por mérito personal, el cual se basará en las evaluaciones realizadas a los funcionarios y empleados del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, explicó Tobar.
Dichas evaluaciones son hechas cada seis meses, una a medio año, y la otra al finalizar, y con ellas establecen el porcentaje de escalafón que recibe cada empleados, el cual puede ser de 6%, 7%, y 8% de alza salarial.
El abogado, Fausto Payés, explicó que en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Nación 2017 estaba incluido un artículo que derogaba la ley del Escalafón.
Por ello, están a la espera de que el presupuesto sea sancionado por el presidente de la República y publicado para analizar si incluyeron algún artículo en que se derogue la Ley del Escalafón.
“De lo contrario son normativas que tienen igual importancia y poder. Habría un conflicto de ley. Ahí lo que tendría que irse es a la Sala de lo Constitucional para que vea el incumplimiento de la norma (Ley del Escalafón)”.
Payes dijo que se puede relacionar con el artículo constitucionales 235 y 246 , que establecen que todos los funcionarios están obligados a cumplir lo que dicta la legislación, y establece la primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma.
“Pero en todo caso siempre prevalece el derecho de los trabajadores (…) la Asamblea Legislativa no puede hacer que el trabajador renuncie a un derecho constitucional” aseguró.
“Lo aprobado en la Asamblea Legislativa es Ley de la República, y es una Ley Especial, que esta por encima de las otras leyes, incluyendo la Ley del Escalafón”, Eduardo Espinoza, viceministro de Políticas de Salud
“(La aplicación de la Ley del Escalafón) No va a ser de la misma forma, porque para ser de la misma forma necesitábamos como $26 ó $28 millones, y solo tenemos $15 millones”, Violeta Menjívar, ministra de Salud.
“Los derechos consagrados a favor del trabajador son irrenunciables, entonces la Asamblea (Legislativa) no puede hacer que el trabajador renuncie a un derecho constitucional” Fausto Payés, abogado Colegio Médico.
LEY DEL ESCALAFÓN
art. 1.- se crea el escalafón del ministerio de salud pública y asistencia social, en el cual estarán inscritos todos sus funcionarios y empleados con el objetivo principal de proporcionar a los mismos, oportunidades de desarrollo y crecimiento a través de un conjunto de instrumentos técnicos, al cual se refiere el artículo 10 de esta ley.
art. 12.- el escalafón se aplicará por el sistema de incentivos por mérito personal, el cual se basará en evaluaciones que se realizarán a los funcionarios y empleados del Ministerio de Salud pública y asistencia social. Cada funcionario y empleado será evaluado en dos períodos y el promedio de las evaluaciones obtenidas determinará cual es su ubicación dentro de las categorías establecidas, para lo cual se le sumará,
si fuere el caso, un 3% por antigüedad. El salario será determinado por la aplicación de su porcentaje al salario de la categoría que obtenga.
Las categorías y su ponderación serán las siguientes: excelente 5%, muy bueno 4%, bueno 3%. El porcentaje relativo a la antigüedad será aplicable al personal que tenga cinco años o más de trabajo en los servicios de salud.