La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció ayer los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Salud (MINSAL) y la alcaldía de San Juan Opico sobre el resarcimiento de los daños ambientales ocasionados por Baterías de El Salvador (BAES).
En noviembre de 2015, tras emitir una sentencia, la Sala convocó a las partes para que especificaran qué acciones se habían realizado con el fin de reparar las afectaciones de contaminación provocada por la empresa en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico. Hubo una primera audiencia, en la cual las partes informaron que no habían tomado cartas en el asunto, por ello fueron convocadas a otra, ayer.
En la audiencia, el viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra, señaló que a través de los trabajos realizados en la zona, desde el 2010 hasta el año pasado, han logrado reducir en un 96 % la contaminación. Asimismo, dijo, que de las 110 manzanas afectadas por el plomo, solo quedaban 39 en las cuales trabajar.
El funcionario explicó que para agosto 2016 evaluaban seis empresas que pudieran encargarse de la limpieza de materiales contaminantes, pero todas desistieron por los requerimientos a cumplir. En diciembre, publicaron una convocatoria y a partir de esta siete empresas se interesaron en el trabajo.
Para dichas labores, según Ibarra, el MARN necesita $25 millones, los cuales no fueron aprobados en el presupuesto 2016 y 2017, a pesar de la solicitudes planteadas al Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
De no obtener ese dinero, el funcionario dijo que armarían un proyecto y gestionarían ayuda a la cooperación internacional.
La Sala le dio un plazo de 10 días al MARN para que presenten documentación que respalde la petición a Hacienda.
El apodera legal del MINSAL, por su parte, rindió el informe de las labores de salud realizadas en la zona, pero la Sala le dio plazo de 30 días para que remitiera estudios sobre las consecuencias de la contaminación a largo plazo, lista de mujeres embarazadas, aquellas que están en control prenatal y niños recién nacidos.
Mientras que Ramón Antonio Trigueros, edil de San Juan Opico, expuso a los magistrados que entre las acciones que la comuna ha ejecutado, se encuentra una lista de 95 establecimientos industriales que cuentan con los permisos para funcionar, los cuales serán inspeccionados en el primer trimestre de este año. Además, de la instalación de 19 tanques de agua, tres pozos y el monitoreo para que personas no se asienten en el costado poniente de donde funcionaba la fábrica de BAES.