El presidente de Bolivia, Evo Morales, pretende sacar de las cuentas individualesde pensiones de miles de ciudadanos al menos $150 millones para crear un fondo de préstamos para el sector agropecuario, una medida que ya está generando críticas entre economistas y la misma población por considerarla “confiscatoria”.
Según resumen los periódicos bolivianos y agencias de noticias, el dinero representa el 5% de los fondos de pensiones de ese país que aún son administrados por las AFP.
Según La Prensa de Bolivia, la decisión tomada en consenso con empresarios agroindustriales de oriente se plasmará en un decreto supremo.
Pero las críticas han salido de inmediato. El experto en fondos de pensiones, Alberto Bonadona, dijo a una agencia que ésta es una medida ilegal.
“Para usar el dinero de los trabajadores se hace un análisis y se consulta con empresas entendidas en riesgo. Además, este dinero no es del gobierno para que lo maneje como le dé la gana, es de los trabajadores. A ellos debió consultarles”, dijo Bonadona.
Ante el temor provocado, el gobierno aclaró que “los recursos de los aportantes no se verán afectados, porque se ha garantizado la cobertura del 100% del capital invertido”.
Según el Ministerio de Economía, esos 150 millones sólo representan el 1% del dinero que existe en dos administradoras de pensiones que se aproxima a los $14,172 millones, aunque el plan es usar hasta un 5% de ese dinero, con similares fines.
Son cerca de 1.7 millones de afiliados a las administradoras privadas de pensiones en Bolivia, lo que representa a casi un 20% de su población. Los trabajadores reaccionaron preocupados porque el gobierno esté usando recursos frescos de la jubilación, para financiar a un sector de riesgo, como el agropecuario privado. “El camino está abierto y creemos que en la medida en que podamos generar nuevos fondos, generar nuevos mecanismos, que la gente esté segura de sus aportes”, dijo el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.
Baja recaudación
Pero el anuncio llega en momentos en que el Gobierno reporta una baja en la recaudación de sus ingresos.
El uso de recursos de las administradoras de pensiones viene a la par de informes del mismo gobierno de una drástica reducción este 2017 de ingresos para el estado por la baja en el precio de la venta de gas a Argentina y Brasil, que es la principal fuente de recursos públicos. “Ese préstamo del aporte de los trabajadores es de alto riesgo, porque el sector agropecuario siempre ha intentado escudarse en el factor clima. La jubilación puede encontrarse en riesgo”, dijo Guido Mitma, líder de la unitaria Central Obrera Boliviana, el más grande sindicato obrero del país. El economista Gonzalo Chávez, profesor de la Universidad Católica Boliviana, señaló en su página en Facebook: “estamos frente a una señal negativa, que generó un escenario de incertidumbre, (porque) el gobierno tendría otras fuentes de financiamiento para el sector agropecuario”, como bancos privados o estatales u otras instancias estatales.